Procuraduría evaluará plan de incautación

Mientras la Comisión de Policía de Los Ángeles pidió a la Procuraduría local analizar la legalidad de no confiscar por 30 días los coches de los indocumentados, el jefe policiaco Charles Beck afirmó que el cambio no sería “un boleto gratuito”, sino un incentivo que brindará más seguridad en las calles.

Por su parte, líderes comunitarios, religiosos y sindicales criticaron ayer el plan del departamento, que sólo concedería recuperar un coche decomisado al siguiente día de su ingreso al corralón, reduciendo la sanción a 250 dólares, a quienes no han sido multados por manejar sin licencia.

Muchas personas que ya están “fichadas”, reclamaron los activistas, seguirán pagando 1,500 dólares o abandonando sus vehículos en los depósitos porque su condición indocumentada les impide obtener una licencia en el estado de California.

“La mayoría de la gente todavía perderá sus autos por tener violaciones”, comentó Marissa Nuncio, de la Liga Nacional de Abogados (NLG). “No quieren ignorar la ley, pero tienen que manejar”, añadió.

Los activistas también rechazaron la idea de que un chofer autorizado deba acudir “inmediatamente” para tomar control de un coche retenido en una parada de tráfico, por tratarse de un margen impreciso. En otras ciudades se conceden 30 minutos o se permite estacionar el auto en un lugar seguro.

“Es un buen paso, pero no es tan fuerte, tan claro, ni tan justo. Los grupos antiinmigrantes han hecho una campaña fuerte para lograrlo”, expresó María Elena Durazo, dirigente de la Federación de Sindicatos del condado, quien asistió a la reunión de los comisionados de la Policía.

Ayer por la mañana, el grupo aprobó posponer el debate por dos semanas, hasta que la Procuraduría Municipal analice la legalidad del procedimiento, luego que la Oficina de Asesoría Legal de California, que proporciona asesoramiento jurídico a legisladores, opinó que entra en conflicto con la ley estatal.

Un vocero de la Fiscalía angelina no precisó si la dependencia aconsejó a la Policía en la redacción de la iniciativa, explicando que no se pueden revelar detalles por lo que en la jerga jurídica se conoce como “privilegio cliente-abogado”. En su momento, dijo, atenderán la petición de los comisionados.

El jefe Beck subrayó ayer que dichos cambios son un “incentivo” para que más conductores cumplan con la ley y asuman la responsabilidad financiera en un accidente donde ellos fueron culpables. “La gente puede ver que si cumple con este comportamiento positivo hay un beneficio”, puntualizó.

“No es un boleto gratuito, seguiremos aplicando la ley, absolutamente, pero lo que haríamos sería incentivar a la gente a comportarse lo más apropiadamente posible”, subrayó el jefe policiaco.

Aunque Tyler Izen, presidente de la Liga de Protección de Policías de Los Ángeles (LAPPL), principal opositor del nuevo plan, insistió que “manejar sin licencia viola la ley” y recordó que la Procuraduría Angelina ha defendido esa idea. “[La dependencia] ha argumentado exitosamente en una demanda en la corte federal sobre que la actual política de la Policía es legal”, añadió.

Convertido en un tema candente dentro del Ayuntamiento de Los Ángeles, distintos comentarios a favor y en contra de la medida se escucharon ayer en la reunión de la Comisión de la Policía angelina.

“El hombre que mató a mi hijo pudo ser considerado un infractor primerizo”, reclamó Don Rosenberg, cuyo hijo perdió la vida tras ser atropellado por un chofer sin licencia y sin antecedentes penales. Bajo la propuesta, no se confiscarían los coches por 30 días a quienes no hayan cometido esa falta.

Recomienda, además, no retener el auto en un corralón si la persona muestra identificación adecuada, así como registro y seguro automotriz. “Un niño de cinco años puede calificar”, expresó con molestia Rosenberg, residente de West Lake Village.

En el otro extremo, se habló de las familias que “pierden” sus vehículos cuando llevan a sus hijos a la escuela, de padres que no pueden ir al trabajo por falta de un medio de transporte, incluso de comunidades angelinas, como Westlake, que han perdido la confianza en sus autoridades.

“Esta ley sigue oprimiendo a los que menos tienen”, comentó el padre Margarito Martínez.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el castigar a un indocumentado con la confiscación de su auto por un mes es una cláusula de leyes antiinmigrantes en Arizona y Alabama.