Hacen reclamo a Sheriff Baca
Grupos piden que se den detalles sobre colaboración con S-Comm
Activistas de la Red Nacional de Jornaleros protestan frente a la sede del Condado. Crédito: Aurelia Ventura / La Opinion
Al Sheriff Lee Baca le sigue pesando estar a favor del programa federal Comunidades Seguras (S-Comm) y de compartir la información de los detenidos por sus agentes con la Oficina de Migración.
Duras críticas, presión legislativa y órdenes judiciales han puesto en jaque tan polémica colaboración.
Esta semana tres organizaciones civiles lo forzaron a través de los tribunales a publicar detalles de esa participación, exigiéndole revelar quiénes y cuántos indocumentados sin delitos graves fueron deportados por S-Comm en Los Ángeles, y especificar si hubo alguna “negociación” de por medio.
“El pueblo tiene derecho a saber la verdad”, expresó Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros ( NDLON), uno de los grupos que llevaron a Baca ante un juez. “Creemos que hubo una negociación porque él antes no pensaba de ese modo”, comentó.
Desde Sacramento también han cuestionado la participación del Sheriff de Los Ángeles en un programa que sigue expulsando a personas sin delitos pendientes, algo que considera como la “Arizonización” de este condado, comparándolo con la ley anti-inmigrante SB1070 aprobada en aquel estado y las acciones del Sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.
Ayer por la tarde, mientras decenas de activistas protestaban afuera del edificio Kenneth Hahn, sede del gobierno del condado angelino, el asambleísta estatal Tom Ammiano (D-San Francisco), anunciaba detalles del llamado “Trust Act 2.0”, que pide a las agencias del orden de California no entregar a las autoridades migratorias a una persona que no ha cometido un delito “grave o violento”.
“Necesitamos reconstruir la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley, la cual ha sido profundamente dañada por S-Comm”, expresó el legislador.
El escándalo de la primaria Miramonte del Sur de Los Ángeles ha sido presentado como un ejemplo del efecto en la seguridad pública a consecuencia de Comunidades Seguras. Al menos uno de los padres no denunció que sus hijos eran víctimas de actos lascivos por miedo a ser deportado.
“No queremos un Sheriff que trabaje con la migra, queremos un Sheriff que trabaje con nuestra comunidad”, dijo Santos Alvarado, integrantes del Congreso de Jornaleros de New Orleans, quien vino a Los Ángeles a participar en la sexta convención nacional de jornaleros.
La Opinión buscó sin éxito un comentario de Baca a través de la oficina de prensa de la corporación.
