Reforzarán la seguridad en México

Gobierno dará a estados 2,350 millones de dólares para implementar riguroso plan

Los primeros 99 millones de dólares para iniciar el proyecto se entregaron hace unos días a los estados de  Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Los primeros 99 millones de dólares para iniciar el proyecto se entregaron hace unos días a los estados de Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Crédito: EFE

MÉXICO, D.F.- El gobierno mexicano anunció que entregará a los 32 estados del país y el Distrito Federal alrededor de 2,350 millones de dólares para mejorar la justicia y la seguridad con medidas que van desde la aplicación de exámenes de Control de Confianza de un policía municipal hasta la creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro, plataformas de información y la implementación de juicios orales.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que se trata de la más alta inversión en este perfil en la historia del país y lanzó una advertencia a los ejecutivos locales: las entidades federativas y de los municipios deberán de dar resultados concretos, que se traduzcan en una mayor seguridad para toda la población.

“No hacerlo, significaría poner en riesgo los logros que hemos tenido y, peor aún, fallar a la exigencia de seguridad que día a día nos hacen los ciudadanos”, señaló el funcionario en representación del gobierno federal que ha señalado a la decidida y corrupción en los estados como la causa de la crisis de seguridad que ha costado al país más de 50 mil muertos en el sexenio.

“Los recursos se tienen que ejercer de una forma transparente, racional, eficiente”, advirtió.

Del total del dinero, unos 1,400 millones de dólares se asignarán directamente a los gobiernos que cumplan con las redes de operación y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; el resto, a través de la paraestatal Banrural.

La transferencia será a través de cuatro programas: el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, el Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública, el Subsidio para la Policía Acreditable y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Los dos últimos, estarán condicionados a la certificación de confianza de los altos mandos y operativos de los cuerpos de seguridad de estados y municipios; una vez con los dineros en mano, éstos deberán ser aplicados para reclutar a elementos capacitados, mejorar el equipo y la infraestructura.

El pasado 8 de marzo se entregaron los primeros recursos a los estados de Oaxaca, Tabasco y Yucatán con aproximadamente 34.5 millones de dólares (mdd) 32.5 mdd y 32 mdd respectivamente. Noventa y nueve millones de dólares en total.

El sistema policíaco mexicano atraviesa por uno de los mayores retos de credibilidad en su historia después de quedar en evidencia los sistemas de complicidad con el crimen organizado en tráfico de drogas, secuestro, robo, extorsión.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que uno de cada tres elementos que presentaron exámenes de control de confianza del 1 enero de 2001 al 5 de enero de 2012 reprobó las evaluaciones, pero en la provincia la situación es aún más grave: según Poiré ni siquiera el 30% de ellas se han sometido a prueba aún cuando actualmente existen 22 centros certificados.

El analista en temas de seguridad Pedro Isnardo de la Cruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México el reto va más allá de limpiar las policías: “la gran pregunta es cómo van a lograr que los nuevos policías que se contraten no sean corrompidos por el mismo sistema”, señala.

“Lo que hace falta es un gran sistema maestro de corresponsabilidad entre el gobierno federal y estatal para dar seguimiento al patrimonio de los mandos medios y altos”, precisa.

Del otro lado de la moneda, el Sistema de Justicia Penal está aún en peores condiciones: sólo tres de las 32 entidades ensayan los procesos de juicios orales (Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca) y otras siete lo han implementado de manera parcial (Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Baja California, Distrito Federal y Durago) con miras a cerrar la transición en 2016, la fecha límite establecida por la ley para la evolución de los juicios orales.

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