Usarían retenes para lucrar

SAN DIEGO.- Activistas proinmigrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) acusaron ayer a funcionarios de la ciudad de Escondido de seguir “lucrando” con inmigrantes indocumentados y perseguirlos en retenes pese a la aprobación de una ley estatal que limita esas acciones.

La ACLU de los condados Imperial y San Diego emitió ayer un reporte que cuestiona los retenes y pidió que se realice una auditoría independiente del programa de retenes de carreteras de Escondido a fin de asegurarse que la ciudad no obtenga ganancias ilegales al decomisar vehículos.

Benjamín Prado, del Comité de Servicio de Amigos Americanos, una organización de defensa de derechos humanos de inmigrantes basada en San Diego, dijo a Efe que esos retenes “son de hecho de inmigración, no para identificar a conductores ebrios, y producen desconfianza hacia la policía, temor, pánico y separación de familias”.

El reporte “Vuelta Equivocada: un Examen de las Prácticas de Retenes y Retenciones Vehiculares de Escondido” acusa a la ciudad de utilizar los retenes a fin de lograr un rápido aumento en la recaudación de millones de dólares, al tiempo en que amenaza a inmigrantes indocumentados y a sus familias.

El 49% de la población de 145,000 personas de Escondido son hispanos, los cuales se han enfrentado a un clima antiinmigrante en los últimos años que incluyó una ley de 2006 que prohibía rentar a indocumentados, la cual fue hallada inconstitucional en las cortes.

Activistas acusan a la ciudad de buscar formas de burlar una ley estatal que desde el pasado 1 de enero limita la habilidad de la policía de embargar automóviles en retenes si la única ofensa es carecer de licencia de conducir, lo que de acuerdo con la ACLU era utilizado por Escondido, al norte de San Diego, como herramienta contra indocumentados.

Hasta 2009, Escondido había colocado retenes enfocados únicamente en licencias de conducir, práctica que fue eliminada tras que la ACLU y El Grupo, una organización de defensa de derechos de hispanos, amenazaran con demandar, no sin que antes hubiese resultado en el embargo de 1,000 vehículos.

El reporte indica que los retenes de tráfico se han convertido en retenes de inmigración, lo que ha sido agravado por una inusual colaboración del Departamento de Policía de la ciudad y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que tiene agentes esperando a corta distancia de los retenes municipales listos para detener a indocumentados.

“Escondido parece que justifica políticas discriminatorias que afectan negativamente a la población inmigrante. En lugar de eso, la ciudad debería estar apoyando programas y políticas que promueven la seguridad y la unidad, no el miedo y la intimidación”, dijo en el reporte el director ejecutivo de ACLU San Diego, Kevin Keenan.

En opinión de Norma Chávez-Peterson, directora de relaciones con la comunidad de ACLU San Diego, “cuando Escondido decidió asumir el papel de aplicación de inmigración, perdió huella de lo que hace que una comunidad se una y florezca”, y pidió a la ciudad que no se enfoque injustamente en familias inmigrantes de bajos recursos.

La ley estatal requiere que las ciudades no cobren a compañías de grúas más de los costos actuales administrativos, pese a lo cual los cálculos de Escondido se han elevado fuertemente desde 2004, incluyendo gastos “creativos y sospechosos”, según ACLU.

“No estamos preparados para decir que Escondido está cometiendo fraude, pero la información que tenemos sugiere fuertemente que se debe de aplicar una auditoría”, dijo Keenan.

Por su parte, el jefe de policía de la ciudad, Jim Maher, calificó ayer al reporte como sesgado y aseveró que los retenes buscan hacer las calles más seguras, y negó que tengan relación con la generación de dinero para la ciudad.

Un análisis de la estación de radio pública local KPBS reveló que durante los últimos tres años, tanto la ciudad como las compañías de grúas han recolectado 11 millones de dólares en cuotas, multas y vehículos subastados a consecuencia de los retenes.