Llaman ‘muy débil’ el cambio en decomisos

El cambio en la política de decomisos de carros a los automovilistas que no tienen licencia de conducir no será sustancial, denunciaron ayer activistas que se manifestaron afuera de la Estación de Policía de Hollenbeck, en Boyle Heights.

A decir de Carlos Montes, organizador de Community Service Organization (CSO), el cambio propuesto por Charlie Beck, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), no tiene grandes alcances.

“Se trata de un procedimiento muy débil que nosotros como activistas no aprobamos, porque queríamos un cambio más profundo y fundamental, ese cambio, que fue aprobado por el jefe Beck, es algo muy débil”, comentó Montes.

El teniente Robert Miles, adscrito a la Comandancia de Hollenbeck, coincidió que los cambios que se contemplan al protocolo de decomisos de autos serán mínimos y que se refieren a acciones discrecionales de los agentes.

Explicó que todavía hasta principios de los 90, cuando se detenía a un automovilista sin licencia de manejo, los agentes del LAPD tenían a discreción pedir que el vehículo fuera conducido por alguien que tuviera permiso de conducir, siempre y cuando fuera seguro.

“Eso es lo que se pretende hacer, pero claro, tampoco se le permitía a alguien llevarse su automóvil cuando se le detuvo manejando a 100 millas por hora con licencia de manejo suspendida, lo que se pretende es que sea seguro para la comunidad”, mencionó el teniente Miles.

La media docena de manifestantes que se paró afuera de la Estación Hollenbeck, denunciaron que el LAPD sigue realizando retenes enfocados en la comunidad inmigrante y de bajos recursos.

Montes aseguró que esta semana, en lunes y miércoles, se llevaron a cabo respectivos retenes en el área de Boyle Heights y estuvieron decomisando vehículos.

“El lunes se pusieron en la esquina de César Chávez y Boyle, cerca del White Memorial Hospital, y el miércoles en César Chávez y Cummings, ahí tenían motocicletas, patrullas y grúas”, aseguró Montes.

Tomás Lacosta dijo haber sido uno de los afectados en ese retén cuando iba con su familia al hospital.

“Había policías por todas partes, y como yo tenía mi licencia suspendida me quitaron la van“, mencionó.

Debido a que su camioneta quedará retenida por 30 días en un corralón, lo que le costará cientos de dólares, el señor Lacosta está resignado a perderla porque dice que no tendrá dinero para pagar.

Bárbara Martínez, quien utiliza el transporte público desde que hace cinco años le quitaron su vehículo, consideró que la policía se enfoca en comunidades donde saben viven inmigrantes que se dedican a trabajar y necesitan un automóvil para trasladarse.

“Deberían de enfocarse en parar la droga, no en afectar a la gente trabajadora”, reclamó.