Movilizados por Anastacio

Piden investigar muerte a manos de la Patrulla Fronteriza

SAN DIEGO.- Grupos comunitarios junto con María Puga, viuda del inmigrante Anastacio Hernández, quien falleció a manos de la Patrulla Fronteriza, anunciaron ayer una campaña para que el Departamento de Justicia investigue el caso.

Puga llamó a las familias de otros ocho residentes de comunidades fronterizas muertos a manos de la agencia federal desde 2010 y a aquellos que han sufrido heridas a que se unan a la campaña nacional, “para que no se siga permitiendo esta conducta”.

“Si todas estas familias que han sufrido abusos se unen, vamos a lograr algo”, dijo Puga a Efe sobre la petición online hecha al presidente Barack Obama, ya que no se han presentado cargos contra los agentes involucrados en el suceso ocurrido hace casi dos años.

Este tiempo ha sido muy difícil para su familia, dijo la viuda, cuyos hijos siguen preguntando por qué mataron a su papá, “a lo cual no puedo responder, es la misma pregunta que me he hecho todo este tiempo, y sigo sin respuestas para mí o para mis hijos. Han destruido a esta familia”.

Christian Ramírez, de la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC), dijo que es lamentable que un documental de PBS transmitido el viernes pasado con nuevo material audiovisual sobre la muerte de Hernández, “haya hecho más por este caso que las propias autoridades encargadas de impartir justicia en el país”.

Ramírez dijo que testimonios de dos testigos presenciales, Ashley Young y Humberto Navarrete, junto con el material de video, prueban que “se trata de un caso de tortura e injusticia que nos debe llenar de indignación y que no está relacionado con la reforma migratoria”.

El video muestra cómo “una docena de agentes rodean al inmigrante mexicano mientras él yace boca abajo, con esposas, mientras es golpeado y sujeto cinco veces al impacto de la pistola eléctrica (taser), al tiempo en que clama por su vida”, indicó Ramírez.

Ana Pérez, de presente.org, dijo que hasta el momento 22,000 personas han firmado la petición en línea dirigida al presidente Obama, y que tienen la meta de que otras 100,000 se unan en las próximas dos semanas.

“Nuestra meta es educar, movilizar e informar a los hispanos sobre abusos, para evitar otros casos como los de Anastacio por parte de la Patrulla Fronteriza, asegurándonos que los políticos nos tomen en serio”, dijo Pérez.

De acuerdo con Arturo Carmona, director ejecutivo de presente.org, el vídeo de PBS “muestra evidencia de primera mano de lo que parece un patrón perturbador de violencia, muerte y posiblemente asesinato a manos de la Patrulla Fronteriza”.

“Hace mucho tiempo que el Departamento de Justicia debió lanzar una investigación y que la Patrulla Fronteriza deje de actuar como si fuera la ley, en lugar de una agencia de aplicación de la ley”. añadió.

Ramírez dijo que una de las metas de la campaña es que la Patrulla Fronteriza implemente mecanismos de transparencia, como por ejemplo en relación con su manual de entrenamiento, “que por la falta de cargos formales pareciera que permite que 12 agentes atestigüen de pie mientras Anastacio fue brutalmente torturado”.

También es necesario, dijo Ramírez, que la Patrulla Fronteriza sea sujeta al mismo tipo de investigación y supervisión que otras agencias de aplicación de la ley en el país.

Puga también pidió al Gobierno mexicano que se comprometa más con su familia, “pues pese a que en México se han acercado con los papás de Anastacio no lo han hecho conmigo aquí”, y que presione al gobierno de EEUU para que lleve el caso a los tribunales.

Ramírez dijo que hasta el momento no hay evidencia de agentes disciplinados ni información sobre los al menos 12 agentes involucrados en el caso de Hernández, por lo que dijo que es necesario que la sociedad civil presione por una investigación del Departamento de Justicia, y que en caso de que ésta exista, que se haga pública.

“A consecuencia de los golpes y macanazos, el cráneo y columna vertebral de Hernández fueron fracturados, además de sus costillas. Es un caso de lesa humanidad que no debe permitirse en ningún país”, finalizó Ramírez.

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