Cambios en “Comunidades Seguras” no alteran amenaza de deportaciones
El Gobierno de EEUU mantendrá en pie el polémico programa federal "Comunidades Seguras", con pequeñas modificaciones que, en su conjunto, no remediarán por completo la detención y deportación de indocumentados por infracciones de tránsito.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Crédito: EFE / Archivo
Washington (EFE).- El Gobierno de EEUU mantendrá en pie el polémico programa federal “Comunidades Seguras”, con pequeñas modificaciones que, en su conjunto, no remediarán por completo la detención y deportación de indocumentados por infracciones de tránsito.
En respuesta a las reformas que recomendó en septiembre de 2011 un Grupo de Trabajo sobre el programa federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el viernes pasado que hará menos énfasis en la detención de indocumentados que hayan cometido infracciones de tránsito menores, como conducir sin la debida licencia.
Pero la recomendación clave del Grupo de Trabajo, que realizó consultas en todo Estados Unidos, era que las autoridades federales evitasen por completo la deportación por esas infracciones.
Su argumento entonces fue que la insistencia en detener y deportar a quienes únicamente cometen infracciones de tránsito menores era contraria a la prioridad del DHS de deportar a quienes suponen un peligro para la seguridad nacional.
Además, eso también minaba la confianza y las relaciones entre la policía y las comunidades. Sobre este punto, varias agencias policiales se hicieron eco de las críticas.
El DHS defendió el programa como “la mejor herramienta” para concentrar los recursos federales en la deportación de quienes son condenados por delitos graves, son una amenaza para la seguridad pública, o reinciden en su violación de las leyes migratorias.
El anuncio en realidad significa que “Comunidades Seguras”, que agiliza la deportación de indocumentados bajo custodia policial, seguirá viento en popa hasta ampliarse a todo el país para 2013.
Por el momento, el programa está en vigor en 2,730 jurisdicciones, o aproximadamente el 86% de las jurisdicciones en el país.
Hasta ahora, los agentes de Inmigración podían iniciar los trámites de deportación de cualquier indocumentado detenido, independientemente de si éste fuese condenado por algún delito menor.
Pero, en un documento de 19 páginas, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) explicó que si una persona sin antecedentes criminales es arrestada por una violación de tráfico menor, ésta no será sometida de inmediato a un proceso de expulsión del país.
Sin embargo, matizó ICE, si esa persona es condenada por esa infracción, la agencia federal se reserva el derecho de deportarla. Sólo si el detenido tiene la suerte de ser absuelto podría permanecer en el país.
Para los defensores de los inmigrantes, estos cambios son migajas que no alteran el problema fundamental de “Comunidades Seguras” y, a su juicio, el programa seguirá atrapando a personas sin trayectoria criminal y alentado la discriminación racial contra los inmigrantes.
Ya en agosto de 2011, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció la revisión de unos 300,000 casos de deportación, para dar prioridad a la expulsión de indocumentados condenados por delitos graves.
A raíz de ese cambio, en su momento elogiado por activistas proinmigrantes, el número de deportaciones dentro de “Comunidades Seguras” bajó de forma notable.
Para grupos como la Red Nacional para la Organización de Jornaleros (NDLON, en inglés), resulta “ridículo” que el Gobierno haya solicitado recomendaciones para reformar “Comunidades Seguras” sólo para después hacer caso omiso de ellas o diluirlas aún más.
Para el legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, los cambios anunciados por ICE significan poco porque, a fin de cuentas, una infracción de tránsito de 50 dólares siempre podrá convertirse en el quebranto de una familia mediante la deportación de un padre o una madre.
La nueva política parece alentar a la policía a conseguir condenas por infracciones menores para que los agentes federales puedan después detener a un indocumentado y tramitar su deportación, sin importar las verdaderas circunstancias del caso, ha advertido Gutiérrez.
Queda claro que los únicos amigos de “Comunidades Seguras” son los grupos conservadores que piden medidas más contundentes contra la inmigración ilegal.
