Salva empleos y sube multas
Panel del Concejo Municipal aprobó mantenerlos en nómina hasta el 31 de diciembre, mientras se buscan fuentes adicionales de ingreso.
Poco más de 200 empleados del Ayuntamiento de Los Ángeles, de los cuales la mayoría son mujeres, han dado un ligero respiro, luego que un panel del Concejo Municipal aprobó mantenerlos en nómina hasta el 31 de diciembre, mientras se buscan fuentes adicionales de ingreso.
El plan original del alcalde Antonio Villaraigosa era despedir a 231 trabajadores y recortar el gasto de cada departamento, incluida la otrora intocable Policía angelina (LAPD), para cubrir un hueco fiscal de 238 millones de dólares. El presupuesto del siguiente ciclo será de 7,200 millones de dólares.
Pero el paquete propuesto por el alcalde se entregó a un Comité de Presupuesto y Finanzas con nuevo liderazgo, que no es partidario de seguir adelgazando la nómina. “Nuestro primer objetivo es la restauración de servicios”, comentó el martes su nuevo presidente Paul Krekorian.
Los despidos han sido compensados con un fondo de 6.7 millones de dólares encontrado por la Oficina del Asistente Legislativo de la ciudad (CLA), aunado a un ingreso adicional no calculado de 5.8 millones de dólares por impuesto a la propiedad. En total, habían 12.5 millones escondidos.
“Es grandioso para los servicios de la ciudad, para nuestros miembros que enfrentaban posibles despidos, porque la mayoría son mujeres, madres solteras, mujeres de color”, celebró Alice Goff, líder del sindicato que representa a los 157 empleados administrativos del LAPD en la cuerda floja.
Goff, quien calcula que al menos 140 trabajadoras civiles de la Policía salvaron sus puestos, afirmó que el Ayuntamiento sí tiene opciones para no imponer despidos. “La ciudad tiene mucha deuda sin colectar, multas de estacionamiento, ingresos de lotes de estacionamiento”, dijo.
La Policía, en tanto, se anotó otra victoria (el martes avanzó el plan para tomar el comando de la Oficina de Seguridad Pública [OPS], agregando 129 agentes a sus filas). Sin el recorte de su personal civil, evita sacar de las calles a sus agentes para realizar tareas de oficina.
La recomendación del panel aún deberá ser analizada por el pleno del Cabildo y por la oficina del alcalde, que ayer no quiso hablar al respecto. “Apreciamos el proceso de deliberación que todavía está en curso y no tendremos más comentarios hasta que el presupuesto esté terminado”, dijo Peter Sanders, vocero de la Alcaldía, a La Opinión.
El pasado lunes, sin embargo, Villaraigosa recalcó que no dudará en reducir la fuerza laboral de la ciudad si está en juego una declaración de bancarrota y negó que su estrategia esté enfocada en afectar a las mujeres. “Hemos tenido que cortar y cortar, y estoy diciendo que no lo quiero hacer. Al mismo tiempo, soy el alcalde y tengo que tomar las decisiones necesarias para balancear el presupuesto”, comentó.
Por otro lado, el paquete de gastos aprobado el martes contempla cobrar 5 dólares más por infracciones de estacionamiento y 10 dólares más por ocupar ilegalmente un espacio para discapacitados. Con esta propuesta, que, no obstante, eliminó la idea de subir 10 dólares a las multas por obstruir una calle en período de barrido, el municipio obtendría 2.4 millones de dólares al año.
