Reformarían SComm estatal

SACRAMENTO.- Cientos de personas, algunos de ellos, víctimas directas de Comunidades Seguras, esperaron pacientemente en el pasillo que da al cuarto 2040 en el Capitolio Estatal para dar un sí y su testimonio de apoyo a un proyecto de ley que buscar reformar la participación de California en el polémico programa federal.

Para contar su historia a los legisladores, algunos viajaron toda la noche desde Los Ángeles, como es el caso de Blanca Pérez, quien hace un año fue arrestada por no traer identificación alguna, afuera de una escuela de Van Nuys cuando vendía paletas.

“Me llevaron encadenada sin haber cometido un crimen. Y les hubiera dado toda la razón de arrestarme si me hubieran agarrado robando o matando”, dijo Blanca Pérez con la voz entrecortada por el sentimiento a los legisladores del Comité de Seguridad del Senado, donde se discutió y aprobó la medida 1081 del asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano que pretende modificar el programa Comunidades Seguras.

Actualmente S-Comm como se le conoce por sus siglas en inglés, se encuentra bajo severas críticas debido a que siete de cada diez de los 72,694 californianos deportados desde su creación hasta abril pasado sólo fueron detenidos por crímenes menores. Como fue el caso de Blanca a quien se le entabló un cargo por no tener licencia para vender paletas; y al reportarla a migración le dieron una orden de deportación que ha estado peleando.

S-Comm obliga a la policía a tomar las huellas dactilares de todos los detenidos y a enviarlas al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Ammiano quiere que en California sólo se pasen las huellas dactilares a migración de aquellos inmigrantes que han perpetrado crímenes serios o violentos.

“La historia de Blanca confirma que las prioridades de ICE están extremadamente fuera de proporción”, dijo el asambleísta Ammiano.

Agregó que esto es algo que él esperaría que pasara en Arizona no en Los Ángeles. “Perseguir a esta madre trabajadora por vender nieve en la calles es una ridícula pérdida de recursos”, criticó.

El año pasado, un reporte del Instituto Warren de la Universidad de California (UC) estimó que a nivel nacional Comunidades Seguras se ha enfocado desproporcionadamente en los latinos.

La Asociación de Sheriffs de California se opone al intento de reformar S-Comm. “Nos dejaría en una posición de tremenda responsabilidad porque no es tarea del sheriff determinar la ciudadanía de los arrestados”, dijo Curtis J. Hill, cabildero de dicha organización.

La aprobación de la medida se da a pocos días de que la Conferencia Católica de California constituida por los diez obispos católicos del estado hicieran público su apoyo a la AB1081.

“Cuando la reforma migratoria no se ha atendido lo suficientemente rápido en la política nacional, apoyar una legislación estatal como el Acta de Confianza es crucial para proteger a las familias”, dijo el obispo de San Francisco, William Justice.

Hizo ver que los gobiernos locales están cada vez más sintiendo la carga de políticas nacionales injustas que minan la confianza duramente ganada y construida entre las comunidades inmigrantes y la policía local.

“Esta legislación es lo menos que podemos hacer por nuestras familias inmigrantes”, señaló.