Dilema en El Salvador
Esta crisis podría llevar al cese de cinco jueces que son investigados
Presidente de El Salvador Mauricio Funes. Crédito: Archivo / La Opinion
SAN SALVADOR, El Salvador (EFE).- La investigación del Parlamento de El Salvador contra cinco magistrados del Poder Judicial amenaza con agravar el conflicto creado entre ambos órganos del Estado por la anulación de la elección de 20 jueces a pesar de la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
El presidente de la comisión legislativa que investigará a los magistrados elegidos en 2009, Francisco Merino, advirtió ayer que el proceso podría culminar con la destitución de esos jueces, cuyo mandato no concluye hasta 2018.
“Si hay un procedimiento que fue al margen de la ley, es una elección nula”, declaró a los periodistas Merino, diputado del minoritario partido de derecha Concertación Nacional (CN), quien adelantó que la comisión comenzará a trabajar la próxima semana.
El Parlamento nombró recientemente a la comisión “con el objeto de que se investigue la legalidad o ilegalidad de la elección de magistrados de la CSJ que realizó esta Asamblea en el año 2009, y las consecuencias de sus actuaciones”, según el texto aprobado.
La comisión fue creada con el voto favorable de 47 diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la CN y otros dos partidos minoritarios de derecha del Parlamento, de 84 escaños.
El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Cambio Democrático rechazaron la comisión.
También anoche, la CCJ, con sede en Managua, admitió un “recurso de conflicto” interpuesto el martes por la Asamblea y dictó medidas cautelares que suponen la suspensión de los fallos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado día 5 contra las elecciones de jueces hechas en 2006 y 2012.
Cuatro de los cinco magistrados que serán investigados integraron la Sala de lo Constitucional, junto a una quinta juez suplente, que emitió los fallos de inconstitucionalidad.
ARENA, que gobernó El Salvador durante 20 años consecutivos (1989-2009), advirtió hoy que la investigación podría alargar el conflicto generado por las sentencias, que la Asamblea no acató para recurrir a la CCJ.
“Ya suficientemente complicada estaba la Corte con (la anulación de) las elecciones de 2006 y 2012 como para ahora introducir el tercio que faltaba, que son las elecciones desarrolladas por la Asamblea en 2009”, expresó la diputada de ARENA Margarita Escobar.
La Constitución salvadoreña establece que cada tres años debe renovarse un tercio de la CSJ, integrada por 15 magistrados propietarios y sus suplentes, que cumplen así períodos escalonados de nueve años, pero no dice en qué legislatura debe ser la elección.
Diputados y diversos sectores han expresado temores de que la CSJ quede desintegrada si el 1 de julio no asumen los cinco magistrados y sus respectivos suplentes elegidos el 24 de abril pasado.
En un comunicado publicado hoy en la prensa, ARENA dijo que “lamenta que el Órgano Legislativo concurra a la CCJ, buscando su intervención en un problema que debemos resolver los salvadoreños”.
Sin embargo, para el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, la intervención de la CCJ abre la vía para superar el problema, que ese tribunal seguirá analizando hasta emitir una sentencia.
Reyes indicó que la admisión del recurso por parte de la CCJ es “el principio del fin de (la) crisis jurídico-política”, aunque matizó que no se ha recibido la notificación de la Corte regional.
La suspensión de las sentencias “sería excelente noticia para El Salvador, pues se devolvería la estabilidad de las instituciones”, agregó.
Pero un portavoz de la CSJ advirtió a Efe que la Constitución salvadoreña establece que “no hay apelación” ante las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por lo que, “si viene algo (de la CCJ), lo más seguro es que lo declaren inaplicable”.
La CSJ tampoco ha recibido la notificación de la CCJ, añadió.
La Sala anuló las elecciones por considerar que una misma legislatura no puede hacer ese proceso en dos ocasiones y ya se había hecho una vez.
Reyes aseguró que las medidas cautelares dictadas por la CCJ permitirán que el 1 de julio asuman los magistrados elegidos en abril para el período 2012-2021 y que los de 2006 continúen en sus cargos hasta 2015.
