Orden de restricción contra concejal
El político hispano Carlos Bustamante, concejal de la ciudad de mayoría latina de Santa Ana, recibió ayer una orden de restricción en relación a las siete mujeres que le han denunciado por asalto sexual
El funcionario Carlos Bustamante ha sido acusado de delitos sexuales contra varias mujeres ocurridos desde 2003. Crédito: EFE
EFE.- El político hispano Carlos Bustamante, concejal de la ciudad de mayoría latina de Santa Ana, recibió ayer una orden de restricción en relación a las siete mujeres que le han denunciado por asalto sexual.
Un juez de Santa Ana, en el Condado de Orange, emitió ayer una orden de restricción prohibiendo al concejal hispano, de 47 años, tener cualquier tipo de contacto con siete mujeres que lo denunciaron por delitos sexuales ocurridos entre 2003 y 2011.
Bustamante, quien ha sido concejal de Santa Ana en los últimos ocho años y trabajó hasta el año pasado como director de servicios administrativos del Departamento de Obras Públicas del condado de Orange, también fue acusado de robo mayor por mala utilización de fondos públicos.
Según las denuncias, los asaltos se produjeron en varios lugares, incluida su oficina del Departamento de Obras Públicas y las personas atacadas no reportaron los hechos por temor a poner en riesgo sus carreras profesionales.
Las acusaciones no incluyen a otras doce posibles víctimas por hechos ocurridos en años anteriores, pues los términos para denunciar ya prescribieron, señaló la Fiscalía del Distrito.
El concejal republicano, casado y padre de familia, fue puesto en licencia administrativa desde septiembre de 2011, cuando se recibió una carta anónima detallando acusaciones de carácter sexual contra él.
La carta generó una investigación administrativa que llevó al arresto de Bustamante el pasado lunes, día en el concejal pagó una fianza de 100,000 dólares para salir de la cárcel.
El juez de Santa Ana fijó para el 26 de julio una nueva fecha de audiencia para realizar la acusación formal.
Bustamante -quien enfrenta seis por suplantación de identidad, tres por asalto con intento de cometer una ofensa sexual, uno por acecho, uno por intento de asalto sexual y otro por robo mayor- renunció en octubre a su cargo en el Departamento de Obras Públicas, pero no ha dejado su posición de concejal.
De ser hallado culpable de todos los cargos, el hispano podría enfrentar una sentencia máxima de 26 años y dos meses en prisión estatal y 21 meses adicionales en una cárcel del condado.
