Acusan de encubrimiento

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso ayer una demanda en contra del sheriff Lee Baca y del fiscal de distrito Steve Cooley, a quienes acusa de ocultar evidencia en casos que involucran a oficiales que presuntamente abusan del poder en las cárceles del condado.

El caso de Jonathan Goodwin, un joven afroamericano que cumplía una sentencia de cinco meses por desacato a su libertad condicional, fue usado como ejemplo de lo que se considera “una práctica común e ilegal” en el sistema judicial del condado de Los Ángeles.

Según explicó el propio Goodwin en una conferencia de prensa, el 4 de diciembre de 2010 fue golpeado en la Men’s Central Jail por el custodio Víctor Beas; sin embargo, dijo que la Fiscalía de Distrito le levantó cargos falsos de haber atacado con un arma mortal a un oficial de policía.

Ese custodio ya había sido señalado por varios testigos de haber cometido múltiples abusos físicos contra los reos, por lo que la defensa de Goodwin pidió un reporte de todas las quejas para usarlas como prueba de descargo; sin embargo, el Departamento del Sheriff no las tenía documentadas en el expediente de Beas.

A decir de Mark Rosenbaum, abogado en jefe de ACLU, tanto el fiscal Cooley como el sheriff Baca han adoptado normas para asegurarse de que el tipo de evidencia que es útil para la parte defensora en casos criminales sea ocultada.

Ese tipo de prácticas -en las que se retiene evidencia que puede favorecer a los acusados o debilitar las acusaciones que hace la fiscalía- se realiza desde hace al menos 10 años, aseguró Rosenbaum.

La Fiscalía de Distrito ha impuesto varias cláusulas que impiden que ciertas pruebas exculpatorias sean conocidas por la parte defensora, lo cual viola la llamada política Brady, un mandato de la Suprema Corte de Justica.

En tanto, el Departamento del Sheriff no tiene un registro adecuado de las quejas de abuso en contra de los custodios de las cárceles, lo que permite que ellos sigan actuando como testigos de cargo.

Ambas prácticas violan el código penal federal y estatal, apuntaron los abogados de ACLU, que junto con el despacho jurídico Bird Marella; el profesor de leyes de Harvard, Charles Ogletree; y el profesor de leyes de USC, Michael Brennan presentaron la demanda ante la Corte Superior de California en el condado de Los Ángeles.

Para Marisol Orihuela, abogada de ACLU, los fiscales del condado estarían clasificando la evidencia en base a su discreción y con el objetivo de que no se les obstruyan los casos y obtengan más resultados a su favor o sentencias.

Steve Whitmore, vocero de Baca, comentó que a pesar de que aún no se han recibido los documentos de la demanda, el Departamento del Sheriff rechaza lo que expusieron los abogados en la conferencia de prensa.

“Lo que hemos hecho no es nada incorrecto, nada ilegal o inapropiado. Lo que escuchamos de la conferencia de prensa es una burda malinterpretación de los hechos”, dijo en referencia a las acusaciones de abuso de reos en las cárceles.

Por su parte, el fiscal Cooley envió esta declaración por escrito: “La demanda presentada por ACLU, algunos abogados y dos profesores de derecho es un intento descarado por engañar al público y a la corte”. Y agrega: “Esta oficina está convencida de que nuestra política Brady cumple con los más altos estándares constitucionales y legales”.