Compás de espera por la sección 2(b)

PHOENIX, Arizona (EFE).- Arizona estaría en compás de espera por la decisión judicial que podría determinar la fecha exacta en que entrará en vigor la sección “enséñame tus papeles” de la ley estatal SB1070, que habría podido ser a partir de ayer mismo.

“Estamos esperando una decisión, la cual puede darse a partir de hoy [ayer], pero también puede tomar varios días o quizás semanas, nadie sabe exactamente”, dijo a Efe, Alessandra Soler, directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

Después de que en junio pasado que el Tribunal Supremo eliminase la mayoría de las partes más controvertidas de la SB1070, pero mantuviese la sección 2(b), este organismo notificó a la Corte del Circuito Nueve en California que otorgaba un plazo de 25 días para que los abogados pudieran apelar.

Una vez cumplido este plazo la corte puede decidir terminar con la suspensión temporal de esta sección, impuesta originalmente en 2010 por la juez federal en Arizona, Susan Bolton.

“La decisión ahora debe de venir de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve o de la juez federal en Arizona, Susan Bolton, y nosotros creemos que vendrá de esta ultima”, dijo Soler.

La regulación 2(b) es el punto más controvertido de la SB1070, la cual otorga el poder a los departamentos de policía de cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechen” se encuentran de manera ilegal en EEUU.

ACLU forma parte de una coalición de grupos cívicos, religiosos y defensores de los derechos humanos que el pasado martes pidieron al tribunal federal en Arizona que impida la entrada en vigor de la sección 2(b), al considerar que los hispanos serán los más perjudicados por posible discriminación racial y detenciones prolongadas.

La directora de ACLU en Arizona explicó que, como parte de la moción, presentaron ante la Corte Federal como prueba varios correos electrónicos de la oficina del ex senador estatal y principal impulsor de la SB1070, el republicano Russell Pearce.

En opinión de Soler, estos correos “demuestran un intento discriminatorio” de Pearce, pues contienen contenido “negativo en contra de los mexicanos y de los latinos”, que representan el 30% de la población en Arizona.

“Esperamos que la juez Bolton analice nuestra petición antes de que levante la orden de suspensión en contra de la 2(b), pero no sabemos qué puede pasar”, dijo Soler.

Mientras tanto, la activista indicó que la comunidad hispana debe informarse para conocer sus derechos, desarrollar un plan con la familia, especialmente por si alguno de sus miembros es indocumentado.

“Deben de saber qué tienen que hacer en caso de que tengan un enwcuentro con la Policía”, dijo la responsable de ACLU, que tiene varios cortos informativos en su página web, en ingles y en español donde explica estos derechos.

Mientras tanto, los departamentos de Policía de todo el estado informaron de que están listos para la aplicación de la sección 2(b).

El jefe de Policía de la Ciudad de Phoenix, Daniel V. García, aseguró durante un reciente foro comunitario que los derechos civiles de los residentes serán respetados y reiteró que no se aplicará el perfil racial al momento de aplicar la 2(b).

Para activistas como Soler, el principal problema con esta regulación es que aparentemente ningún departamento policial tiene una clara definición de lo que será una “sospecha” razonable para cuestionar a una persona sobre su estatus migratorio.

Como ejemplo, el jefe de la Policía de la Ciudad de Tucson, en el sur de Arizona, Roberto Villaseñor, dijo que la “sospecha” sobre el estatus legal será diferente en cada caso.

Villaseñor expresó su preocupación debido a que la sección 2(b) puede generar demandas por acusaciones de prácticas de perfil racial, al tiempo que pueden ser tachados de no estar cumpliendo con la nueva norma por parte de grupos conservadores.