Señalan fallas de ‘Rápido y Furioso’
Advierten que darán los pasos legales necesarios para proseguir con el caso de 'Rápido y Furioso'
Las paradas de tráfico no llevaron a un mayor número de decomisos de armas. (AP/archivo) Crédito: Archivo AP
WASHINGTON, D. C.- “Como una política de tolerancia cero hacia los cárteles de la droga mexicanos que terminó con el trasiego de armas al sur de la frontera”.
Así describe un nuevo reporte del Congreso la gestión del Gobierno estadounidense en el operativo de “Rápido y Furioso”, al que calificaron como una estrategia “inherentemente arriesgada”.
La operación que fue desarrollada entre 2009 y comienzos de 2010 permitió el tráfico de más de dos mil armas que luego comenzaron a aparecer en escenas de crímenes asociados a cárteles de la droga, incluyendo el asesinato del agente estadounidense Brian Terry.
El informe, titulado “La anatomía de una operación fallida”, es el primero de una serie de tres que se presenta luego de una investigación de 18 meses liderada por el senador Charles Grassley (R-IA) y el Comité de Investigación del Congreso, que preside Darrell Issa (R-CA).
Jay Sekulow comenta en Fox News sobre la operación “Rápido y Furioso” (en inglés)
“Los testimonios y la persistente renuencia a cooperar dejan claro que muchos oficiales de la Agencia contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del Departamento de Justicia hubieran preferido meter este asunto calladamente debajo de la alfombra”, aseguró Issa.
“Los líderes de ATF aseguran que no tenían un panorama completo de la situación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) hasta que el caso fue terminado. Sabemos que la agencia antidrogas (DEA) estaba dando información a ATF y ellos soltaron la pelota”, declaró Grassley.
En el informe se describe el operativo como parte de una estrategia de mayor escala para combatir a los cárteles mexicanos, delineada en el verano de 2009 y ejecutada por ATF, principalmente en Phoenix. La idea era monitorear la compra de armas por parte de testaferros, que luego paraban en manos del crimen organizado.
“ATF convenció a los vendedores de armas de que estaba vigilando las transacciones e interceptando las armas. Eso era falso”, detalló el documento. “Con cada paso de la investigación, la oficina del fiscal y ATF tuvieron varias oportunidades de informar y buscar la aprobación de funcionarios del Departamento de Justicia”, agregó.
El informe asegura que aunque oficiales de ATF expresaron su preocupación sobre el operativo, funcionarios de alto rango de la agencia ignoraron los llamados mientras “se continuaba dando armamento al Cártel de Sinaloa”.
Asimismo menciona una estrategia presentada en septiembre de 2010 en ATF, donde la agencia se enfocaría específicamente en el Cártel de Sinaloa. La idea era desmantelar a la red proveedora de armas del grupo en Estados Unidos.
El reporte muestra también cómo funcionarios mexicanos realizaron preguntas y dieron a conocer inquietudes sobre las armas que estaban apareciendo en escenas del crimen sin encontrar respuestas de sus contrapartes estadounidenses.
El documento hace un fuerte llamado a implementar cambios drásticos en ATF. Legisladores republicanos han reclamado desde hace varios años modificaciones en la agencia, mientras los demócratas reclaman que es otra estrategia para debilitar el control de armas en Estados Unidos.
“La anatomía de una operación fallida” indica que al menos cinco funcionarios de ATF fueron responsables del operativo “Rápido y Furioso”.
Todos los oficiales mencionados ya habían estado involucrados en el operativo y habían sido reasignados a otras áreas, entre ellos el agente especial a cargo de la división de Phoenix, William Newell; el exsubdirector asistente de operaciones en terreno, William Mcmahon; el exdirector asistente para operaciones en terreno, Mark Chait; el exsubdirector de ATF, WilliamHoover; y el exdirector interno, Kenneth Melson.
