Pandillas se infiltran en el gobierno

Primera parte de una serie

El caso de un integrante de la pandilla Avenues que hace unos años ingresó a la Policía de Los Ángeles (LAPD) y el del agente de la estación Rampart que, sin salir de las filas de la banda Bloods, encubrió un robo bancario, sembró evidencia y vendió cocaína confiscada en la década de 1990, son sólo dos ejemplos de la infiltración de pandillas en las fuerzas policiacas y agencias del orden.

Ambos incidentes forman parte de los reportes de inteligencia que en meses recientes han compartido las agencias del orden de California y el resto del país para ilustrar la cada vez más común infiltración de las pandillas en policías, dependencias judiciales, cárceles, Fuerzas Armadas y oficinas de gobierno.

Muchos sucesos se han detectado en California en los últimos años, como la agente del Sheriff del condado de Riverside que asesinó a dos testigos en el caso de su novio, un miembro convicto de la Mafia Mexicana; y el fiscal del condado de Orange que, a cambio de un viaje a Las Vegas, dio información confidencial a un vendedor de drogas de la banda de motociclistas Hells Angels.

Además se ha ventilado el juicio del guardia en la prisión de Chino que ayudó a la banda supremacista Nazi Low Riders en la distribución interna de drogas y en ataques a otros reos; el arresto de un policía de Santa Clara que compartió reportes clasificados a la Hells Angels; y la empleada del Departamento de Asuntos del Consumidor de California que envió 5,500 números de Seguro Social en la nómina del estado a un integrante de la Mafia Mexicana.

El Centro Nacional de Inteligencia Pandilleril (NGIC) informa que en por lo menos 57 jurisdicciones del país, incluyendo California, Florida, Tennessee y Virgina, los pandilleros han solicitado y obtenido un puesto en distintas dependencias gubernamentales en años recientes.

Un reporte interno de la División Noreste del LAPD, emitido en enero de 2010, revela que un miembro de la banda Avenues (que opera en los vecindarios de Highland Park, Eagle Rock y Cypress Park) logró entrar a esa corporación, luego de prestar servicio en la Marina y trabajar en otra agencia policiaca.

La alerta ha sido acompañada por una foto del expolicía vistiendo uniforme militar y otra donde aparece realizando señas con los dedos y en la cual se aprecian tatuajes en su pecho y brazos. No está claro por qué, ni cuándo abandonó las filas del departamento.

“Como marino y agente de la ley adquirió amplias tácticas militares y policiacas y manejo de armas que podría usar para capacitar a otros pandilleros”, advierte sobre este caso el Centro de Evaluación de Amenazas de California (STAC), el cual considera que hechos como éste impactan la seguridad pública.

La Policía de Los Ángeles no quiso comentar sobre el “infiltrado”, quien aprobó una estricta evaluación personal, que no sólo implica la revisión de sus antecedentes penales, historial de manejo y finanzas, sino pruebas psicológicas y entrevistas con sus familiares y conocidos.

“En cualquier departamento de policía en este país, una persona que tiene motivos alternos, por ejemplo un pandillero, tendría acceso a muchos archivos y a mucha información confidencial que comprometería la integridad de una organización”, comentó el capitán Rigo Romero, sin referirse en específico al incidente sobre el integrante de la Avenues.

Los criminales, advierten informes, se valen de distintos medios para penetrar los órganos de gobierno, incluyendo uno que se asemeja al método de infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que consta de cinco pasos: detección, evaluación, desarrollo, reclutamiento y ejecución.

Por años, estas alianzas -que pueden durar inclusive años- han comprometido a las penitenciarías de California. Decenas de trabajadores de reclusorios han sido investigados, despedidos y arrestados sólo en la última década por su asociación con organizaciones delictivas. Dos ejemplos: en 2007, un celador en una prisión del Valle de Salinas concedió favores a miembros de una banda, como abrir celdas y manipular la asignación de dormitorios; y en 2003, un integrante de la pandilla Vagos fue empleado como técnico computacional en el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR).

“Los expandilleros [que entran a la dependencia] están en riesgo de involucrarse nuevamente en actividades criminales, ya que su lealtad suele poner primero a la pandilla, que al departamento”, cita un documento de ocho páginas elaborado por el NGIC en 2010.

Hasta el cierre de esta edición la CDCR no había comentado al respecto.

Las bandas de afroamericanos y latinos son más propensas a tratar de ingresar directamente a las entidades de seguridad pública, mientras que los grupos supremacistas y de motociclistas buscan favorecerse de familiares, amigos y empleados civiles en dicho ramo, resalta el NGIC.

La Procuraduría de Los Ángeles precisa que sigue un meticuloso proceso de contratación para que los aspirantes a puestos en el Ayuntamiento tengan los antecedentes adecuados.

“Verificamos el historial criminal, contactamos a los vecinos, es un proceso exhaustivo”, recalcó el fiscal Carmen Trutanich en una entrevista con La Opinión.

Thomas Ward, antropólogo de la Universidad del Sur de California (USC), explica que esto no se puede evitar tan fácil porque no hay una ley que impida solicitar y obtener un empleo de gobierno si se perteneció a una pandilla. Aunque subraya que, en el caso de quienes entran a la Academia de Policía, suelen dejar atrás su vida pandilleril cuando reciben una placa.

“Conozco a más de una decena de casos de expandilleros que han sido policías y que usan esa ventaja, ya que conocen su mentalidad, estructura y efectividad”, recalcó.