Acusará a Eric Holder Congresista demanda a procurador general por operativo ‘Rápido y Furioso’
El procurador general es culpado por el operativo 'Rápido y Furioso'
El procurador general, Eric Holder, cuando hablaba en la Casa Blanca. Crédito: AP
WASHINGTON, D.C.- Ausente en el Capitolio, pero siguiendo el proceso descrito en el Congreso, el presidente del Comité de Supervisión Darrell Issa (R-CA) anunció ayer que interpondrá una demanda civil contra el procurador general de justicia, Eric Holder.
Desde que se le acusó de desacato y se celebró el voto correspondiente en la Cámara de Representantes, estaba contemplado dar este paso, que tiene como objetivo la entrega de documentos sobre el proceso de decisión al interior del Gobierno, una vez que se destapó el escándalo del operativo “Rápido y Furioso”. Este permitió el trasiego de cerca de dos mil armas a México en 2010, las que desembocaron en manos de cárteles.
El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Twitter del legislador. Un paso que se esperaba, luego de que las cortes federales en el Distrito de Columbia desistieron de activar un proceso criminal contra Holder el mes pasado.
En el reporte titulado “La anatomía de una operación fallida”, el primero de una serie de tres, tras una investigación de 18 meses, liderada por el senador Charles Grassley (R-IA) y Issa (R-CA), se describe el operativo como un completo fracaso.
Una táctica del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dentro de una estrategia mayor para combatir a los cárteles mexicanos, delineada en el verano de 2009 y ejecutada por ATF, principalmente en Phoenix.
La idea era monitorear compras de armas por parte de testaferros, que luego paraban en manos del crimen organizado.
“ATF convenció a los vendedores de armas de que estaba vigilando las transacciones e interceptando las armas. Eso era falso”, detalló el documento. “Con cada paso de la investigación, la oficina del fiscal y ATF tuvieron oportunidades de informar y buscar la aprobación de funcionarios del Departamento de Justicia”, agregó.
El informe aseguró que aunque oficiales de la ATF expresaron su preocupación sobre el operativo, funcionarios de alto rango en la agencia ignoraron los llamados, mientras “se continuaba armando al cartel de Sinaloa”, especificó el documento.
El Departamento de Justicia ha asegurado que se ha realizado la entrega de la mayoría de los documentos relacionados con la ejecución del operativo. Sin embargo, los legisladores parecen más interesados en el proceso de decisión que se dio después en el Gobierno. Una vez que el escándalo se hizo público.
