La guerra fría de los medios

Una guerra de la información ha hecho erupción en todo el mundo. Las líneas de batalla se dibujan entre los gobiernos que consideran a la libre circulación de la información, y a la capacidad de acceder a dicha información, como una cuestión de derechos humanos fundamentales, y los gobiernos que consideran el control oficial de la información como una prerrogativa soberana fundamental. La contienda se libra institucionalmente en organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y todos los días en países como por ejemplo Siria.

El sociólogo Philip N. Howard recientemente utilizó el término “nueva guerra fría” para describir “las batallas entre los medios de comunicación audiovisual y los nuevos medios sociales de comunicación que recientemente surgieron en Internet, ambos de los cuales tienen abordajes muy distintos en cuanto a la producción de noticias, la propiedad y la censura”. Debido a que los medios de comunicación audiovisual requieren de una financiación importante son más centralizados -y por lo tanto, son mucho más susceptibles al control del Estado. Los medios sociales de comunicación, por el contrario, transforman a cualquier persona con un teléfono móvil en un potencial supervisor itinerante de las buenas acciones o de las faltas que comete el Gobierno, y estos medios son difíciles de clausurar sin clausurar toda la red de Internet. Después de analizar las luchas entre medios de comunicación audiovisual y los medios sociales de comunicación en Rusia, Siria y Arabia Saudita, Howard llega a la conclusión de que en estos países, a pesar de tener distintas culturas en lo referente a medios de comunicación, los tres gobiernos sin excepción respaldan fuertemente a los medios de comunicación audiovisual controlados por el Estado.

Estas luchas intramedios de comunicación son interesantes e importantes. Según lo que sostiene Howard la forma en que circula la información refleja sin duda una concepción de cómo una sociedad/comunidad política debería ser organizada.

Sin embargo, aún se tienen diferencias más profundas en lo concerniente al tema fundamental de quién es el dueño de la información en primer lugar. En enero de 2010, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, proclamó que Estados Unidos “apoya una Internet única en el que toda la humanidad tenga el mismo acceso a la información y a las ideas”. Ella vinculó esta postura no solo a la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa, sino también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que todas las personas tienen el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”. El empecinamiento de muchos gobiernos para “erigir barreras electrónicas” a fin de bloquear los esfuerzos de sus ciudadanos para acceder a todos los recursos de Internet, dijo, significa que “una nueva cortina de censura a la información está descendiendo a través de nuestro mundo”.

Esta lucha es de grandes proporciones y se lleva a cabo en muchos lugares, incluyendo la UIT, que reunirá a 190 países en Dubai en diciembre próximo para actualizar un tratado internacional de telecomunicaciones que se adoptó por primera vez en 1988. Aunque muchos de los detalles del tratado son muy técnicos, como ser temas relativos a la canalización de las telecomunicaciones, varios gobiernos han presentado propuestas para enmendar el tratado que incluye disposiciones destinadas a facilitar la censura gubernamental de Internet.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado abiertamente su deseo de utilizar la UIT “para establecer un control internacional” de la Internet, y de este modo sustituir las disposiciones actuales que dejan el gobierno de Internet en manos de grupos privados, como son la “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) y la “Internet Engineering Task Force” (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet). EEUU nunca firmaría un tratado que cambia fundamentalmente los acuerdos de control de Internet, pero el punto es que muchos gobiernos tratan de utilizar el proceso de firma de tratados para aumentar su capacidad de controlar la información a la que sus ciudadanos pueden acceder.

En tierra firme, los gobiernos a menudo todavía se centran principalmente en el bloqueo de información sobre lo que están haciendo. Una de las primeras medidas del Gobierno sirio después de que comenzara a disparar contra los manifestantes, por ejemplo, fue expulsar a todos los periodistas extranjeros. Hace varias semanas, el Gobierno de Tayikistán bloqueó YouTube y se dice que clausuró las redes de comunicación en una región remota donde las fuerzas del Gobierno estaban luchando contra un grupo de oposición. El Gobierno chino prohibió la presencia de todos los periodistas extranjeros en Tíbet cuando reprimió duramente a los manifestantes antes de los Juegos Olímpicos de 2008.

Estas tácticas más tradicionales ahora se pueden complementar con nuevas herramientas para la desinformación. Para quienes siguen de cerca el conflicto sirio, seguir a reporteros claves y a representantes de la oposición en Twitter puede ser una experiencia surrealista.

Hace dos semanas, Ausama Monajed, consultor sirio de comunicación estratégica quien envía un flujo constante de información y de enlaces a actividades de oposición en Siria, de repente comenzó a enviar propaganda a favor del Gobierno. El canal de noticias por satélite Al Arabiya de propiedad saudí ha informado que su flujo de actualizaciones de información en Twitter fue “hackeado” por la denominada “Electronic Syrian Army” (“Ejército Electrónico Sirio”), un oscuro grupo muy probablemente compuesto por operadores que actúan por cuenta propia quienes apoyan de manera directa o indirecta al Gobierno sirio. Una cosa es leer sobre las capacidades para llevar a cabo sofisticadas guerras cibernéticas; otra muy distinta es ver que de repente son secuestradas las identidades en línea de personas o de sitios web que nos son familiares.

En las muchas manifestaciones de la(s) continua(s) y creciente(s) guerra(s) de la información, las fuerzas pro libertad de la información necesitan una nueva arma. Las prohibiciones realizadas por parte de un gobierno a periodistas o el bloqueo de sitios web de noticias y de medios sociales de comunicación que estaban permitidos previamente deberían considerarse como una señal de advertencia temprana sobre una crisis que merece el escrutinio internacional. Se debe actuar bajo la suposición de que los gobiernos que no tienen nada que ocultar no tienen nada que perder al permitir que sus ciudadanos y los medios de comunicación reconocidos internacionalmente informen sobre sus acciones.

Para dar fuerza a esta suposición, se la debe incluir en acuerdos de inversión y de comercio internacional. Imagínese si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo suspenden la financiación tan pronto como un gobierno baja una cortina de censura a la información. Supongamos que los inversionistas extranjeros suscriban contratos que advierten que la expulsión de y las prohibiciones a periodistas extranjeros o el bloqueo generalizado del acceso a fuentes internacionales de noticias y medios sociales de comunicación constituyen una señal de riesgo político suficiente para suspender las obligaciones de los inversores que fueron estipuladas en el contrato.

Los estadounidenses dicen que la luz del sol es el mejor desinfectante. El acceso de los ciudadanos a la información es una herramienta esencial para que los gobiernos rindan cuentas. Se debe suponer que los esfuerzos del Gobierno para manipular o bloquear la información es un abuso de poder – un abuso de poder que tiene la intención de encubrir muchos otros abusos.