Cuestionan compensaciones a lesionados

SACRAMENTO.- Como todos los días en su jornada laboral, Marcela Tapia caminaba apurada, cargando rollos de plásticos cada vez más pesados, hacia la máquina de empacado de verduras cuando sintió que le tronó la espalda y el dolor la paralizó.

Han pasado diez años, desde esa mañana que cambió la vida para siempre de Marcela Tapia, quien ahora tiene 46 años.

“No pude volver a trabajar. Me incapacitaron de por vida. Llevo dos cirugías en la espalda y me quieren hacer una tercera. Tengo que usar un caminador o un bastón para moverme en mi casa. Y para salir necesito una silla de ruedas. Ni que decir, el dolor es permanente”, cuenta Marcela Tapia.

Junto a la discapacidad física vinieron los problemas financieros. El sistema de compensación de los trabajadores lastimados le dio durante siete años, 557 dólares al mes. Hoy sólo le dan 60 dólares al mes, y el seguro social le entrega 393 dólares al mes por su discapacidad.

Pese a que a quienes quedan impedidos para laborar de por vida, luego de una lesión en el empleo, son compensados con poco dinero como lo demuestra el caso de Marcela Tapia, California tiene uno de los sistemas de compensación más caros del país. Los costos aumentaron de 14,800 millones de dólares a 19,000 millones de dólares en dos años.

Así que en busca de reducir sus costos, proteger a los negocios, y evitar más pleitos en las cortes, el gobernador Jerry Brown está a punto de convertir en ley, la SB863, una medida del senador demócrata de Los Ángeles, Kevin de León y del asambleísta demócrata de Santa Ana, José Solorio.

Según los autores de la medida, a partir de 2013, habrá en promedio un 30% de incremento en todos los beneficios para las personas permanentemente discapacitadas en todas las categorías.

El aumento es posible al reducir costos administrativos por 1,000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la inminente ley detiene los aumentos constantes de los montos que pagan los empleadores.

Crea además un programa por 120 millones de dólares para ayudar al grupo de trabajadores cuya compensación es desproporcionadamente baja comparado con lo que dejaron de ganar por la lesión.

Y previene demandas al establecer un sistema médico independiente de evaluación basado en usar evidencias médicas para resolver disputas, lo que ahorrará también dinero al sistema, 152 millones de dólares.

“En el papel, esta legislación parece muy buena, pero en la práctica, desafortunadamente reduce los beneficios de discapacidad a los trabajadores más seriamente lesionados, y les hará más difícil obtener el tratamiento médico que necesita”, dijo Bret Graham, presidente de LatinoComp, una organización no lucrativa de abogados que defienden a los trabajadores lesionados, médicos e intérpretes.

Añadió que el impacto en la comunidad latina será muy fuerte, ya que en promedio ganan al año 30,000 dólares en los empleos más pesados y más peligrosos.

“Los trabajadores serán obligados a sobrevivir de la asistencia pública, la discapacidad del seguro social o la caridad de sus familias o iglesias”, indicó.

Jesse Cisneros, de VotersinjuredWork.org, otro grupo defensor de los trabajadores lastimados criticó la reforma porque dijo se hizo para favorecer a las corporaciones con el apoyo de algunos sindicatos.

“Se trata de una medida negociada en secreto y llevada con premura a la legislatura en los últimos días del ciclo legislativo, promovida como un aumento en los beneficios que en realidad reduce los beneficios de los lastimados”, anotó.

El senador De León refutó los señalamientos en contra de su propuesta de ley. “Yo defiendo los intereses de los trabajadores latinos y no haría nada que los lastimara. En cambio quienes se oponen son gente que lucra en los juicios con los trabajadores lesionados como los abogados y médicos que quieren seguir manteniendo el control de un sistema fracturado”, afirmó.