Impuestos o recortes, dice Jerry Brown

El gobernador Jerry Brown apeló ayer directamente a los votantes latinos a que apoyen la Proposición 30 en la boleta electoral de noviembre como la única posible solución para evitar más recortes a la educación de California que calificó de “inminentes” si la medida falla.

Brown se reunió ayer con la Junta Editorial de La Opinión y explicó que desde que comenzó su trabajo al frente del ejecutivo de California el año pasado ha recortado 50,000 millones de dólares del presupuesto cada año.

“Aún cuando elimináramos absolutamente toda la contribución del estado a los programas de Calworks, sólo ganaríamos 1,000 millones más. Aún tenemos un déficit estructural de 5,000 millones, pero eran 26,000 millones cuando comenzamos”, dijo Brown.

“Por muchos años se evadió la realidad: si no hay más ingresos, tendremos que recortar educación aún más. Ya hemos cortado suficiente en las escuelas, esta es la única forma de avanzar y de estabilizar las finanzas de California”, agregó el gobernador.

La Proposición 30 es una medida propuesta por Brown y que aparecerá en la boleta electoral este noviembre, junto con la elección presidencial y de congreso. Se trata de un aumento temporal de impuestos a las personas que tienen ingresos mayores de 250,000 dólares, o 500,000 dólares anuales si es una pareja. También va acompañado de un aumento en el impuesto a la venta que pasaría de 7.25% a 7.5%, que comenzaría el 1 de enero de 2013 hasta finales de 2016.

El dinero recabado iría a un fondo especial que sería utilizado únicamente para la educación: 89% para las escuelas K-12 y 11% para los colegios comunitarios y universidades.

De no aprobarse, dijo Brown, las escuelas tendrían que recortar 3 semanas al año escolar y habría que aumentar de nuevo las tarifas de colegios y universidades.

Los opositores a la medida argumentan que se trata de un juego político de Brown para aumentar impuestos y “suplementar las pérdidas a pensiones de maestros, pero no se garantiza que el dinero vaya al salón de clases”, como reza el argumento en contra de la medida.

“Esto es real, nuestro déficit es real y no podemos seguir gastando lo que no tenemos”, dijo Brown. “Ya recortamos educación y si no aumentamos los ingresos tendremos que hacerlo aún más. Los críticos hablan de que el dinero no va al salón escolar. En California ya hemos cortado tanto que tenemos menos maestros, menos administradores y menos consejeros. Se habla mucho de evaluar maestros, pero eso también cuesta dinero, para eso tenemos que tener quien evalúe”.

Brown responsabilizó a previos gobernadores de no haber tomado las decisiones difíciles. “El anterior gobernador eliminó el impuesto del registro de vehículos, pero el dinero que obteníamos hubo que sacarlo de otra parte, y fue del fondo general”, dijo Brown.

El gobernador aún debe considerar 700 proyectos de ley que están pendientes de su revisión y firma (o veto), entre ellos el AB1081 o Trust Act de Tom Ammiano y Kevin de León que limitaría la colaboración de los cuerpos policiales en California con las autoridades federales de inmigración para defender a víctimas de delitos y a inmigrantes sin papeles que no hayan cometido algún delito. Esencialmente, limita el alcance de Comunidades Seguras.

“No quiero comentar hasta que haya leído en detalle el proyecto. Quiero saber de qué delitos se trata. Muchos sheriffs se oponen a esa ley”, dijo Brown. “Pero no quiero decidirme hasta que la haya analizado”.

Su respuesta fue similar en torno a otra propuesta aprobada por la legislatura y patrocinada por el asambleísta Gil Cedillo para dar licencias de conducir a los jóvenes que reciban permisos de trabajo por DACA, la Ley de Acción Diferida.

“No puedo decir hasta que no la lea”, dijo Brown. “Pero Gil Cedillo tiene mucha peso en mi oficina”.