Apelan condena luego de aborto

SAN SALVADOR, El Salvador (EFE).- Un organismo independiente apeló ayer ante un tribunal de El Salvador para que revise el caso de una mujer de 27 años con problemas psiquiátricos que fue condenada a dos años de cárcel porque presuntamente incurrió en un aborto.

El recurso de apelación fue presentado ante el Tribunal de Sentencia de San Salvador por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

“La apelación sobre todo está fundamentada en las grandes violaciones al proceso y al pacto que se había hecho entre la defensa técnica y la Fiscalía”, dijo en conferencia de prensa Atilio Ramírez, abogado del caso.

Explicó que el 18 de junio pasado la organización le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) un “procedimiento abreviado”, una especie de juicio corto que permite el reemplazo de la pena de prisión por cualquier otra medida.

Sin embargo, aunque la Fiscalía accedió, al final la mujer, sólo identificada como “Mery”, recibió dicha condena.

“El Código Procesal Penal establece que todo delito cuya pena de prisión llega o tiene incluso de tres años hacia abajo es excarcelable”, justificó Dennis Muñoz, otro abogado de la Agrupación.

También Ramírez indicó que hubo “violación al principio del juez natural”, ya que el juez que conoció el caso en la audiencia inicial no fue el mismo que la condenó, lo cual “la Constitución prohíbe”.

Personal médico del Hospital 1º de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) acusó a “Mery”, el 11 de marzo pasado, de haberse practicado un aborto, luego de perder a su bebé de dos meses de gestación.

Según un comunicado de la Agrupación Ciudadana, la joven, que estudiaba cuarto año de ingeniería, tenía antecedentes psiquiátricos y el mismo día que la atendieron en ese hospital le diagnosticaron trastornos de adaptación y de personalidad limítrofe con ideas suicidas, para lo cual se le prescribieron medicamentos.

“Para ella ir a la cárcel suponía una tortura por su condición siquiátrica (…), a tal grado que se menoscaba su salud mental e intenta quitarse la vida; esas cosas no pueden estar pasando en nuestro país”, sentenció Angélica Rivas, dirigente de la Agrupación.

Desde el 4 de septiembre, “Mery” se encuentra en el Hospital Policlínico Arce del ISSS, en San Salvador, tras haber sido trasladada de emergencia desde la Cárcel de Mujeres, en Ilopango, ya que intentó suicidarse cortándose las venas, enfatizó el boletín.

De acuerdo con la Agrupación Ciudadana, en los hospitales de este país centroamericano hay una persistente persecución hacia las mujeres cuando existen sospechas de que se han practicado un aborto.

Este organismo, en junio pasado, también pidió la revisión de la sentencia que en 2005 condenó a 30 años de cárcel por aborto a Sonia Esther Tábora, quien luego de siete años y medio en la cárcel recobró su libertad recientemente.

La justicia reconoció que Tábora “era inocente y que hubo un error judicial”, pero lamentablemente no hubo ningún tipo de “indemnización” luego de tantos años en la cárcel, dijo a Efe Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana.

El 21 de marzo este organismo, acompañado del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por el caso de una mujer que murió en una cárcel en 2010 acusada de haberse practicado un aborto, aunque al parecer le fue provocado por un cáncer.

El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.