Arpaio pierde apelación sobre inmigración
Una corte rechazó la petición de Arpaio de revertir la decisión de prohibir la detención de personas basada en sospechas de que sean indocumentados.
El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Crédito: AP / Ross D. Franklin
Arizona — Una corte federal de apelaciones rechazó el martes la petición del controvertido jefe policial Joe Arpaio de que revirtiera la decisión de un tribunal menor que ha prohibido a los agentes detener personas sólo porque sospechen que éstas carecen de permiso para estar en el país.
La Corte de Apelaciones del 9no Circuito emitió su fallo de 23 páginas tras considerar el punto específico de una medida cautelar preliminar en tanto que un tribunal en Phoenix examina los méritos de toda la demanda contra Arpaio, jefe policial del condado de Maricopa.
La decisión de la corte de apelaciones se centró únicamente en el límite del tribunal a las atribuciones de Arpaio en asuntos migratorios y no enfrenta el punto decisivo de si los agentes del condado más poblado de Arizona han dirigido sus patrullajes específicamente contra hispanos.
Un panel de tres jueces dijo en su fallo que el juez federal Murray Snow no se extralimitó en su autoridad cuando emitió su orden y señaló que la decisión de éste no socava la autoridad del alguacil para que haga cumplir las leyes estatal y federal de combate a la delincuencia.
La oficina de Arpaio no había contestado de inmediato el martes en la noche a una llamada que se le hizo en busca de un comentario sobre la decisión de la corte de apelaciones.
Un grupo pequeño de hispanos afirma que los agentes al mando de Arpaio detuvieron algunos vehículos sólo para indagar la condición migratoria de personas durante patrullajes regulares de tránsito y durante 20 patrullajes especiales de inmigración.
Un juez federal ordenó en diciembre al departamento policial de Arpaio que se abstuviera de efectuar las detenciones de tránsito mientras estuviera en consideración judicial una demanda colectiva.
Arpaio apeló con el argumento de que existía causa probable para que sus agentes hicieran las detenciones.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros abogados presentaron una demanda federal en 2007 contra Arpaio, quien se describe como el “alguacil más estricto de Estados Unidos.
El grupo de hispanos también acusó a Arpaio de ordenar algunos patrullajes que no se basaron en avisos sobre presuntos actos delictivos sino en cartas de residentes de Arizona que se quejaban de la presencia numerosa en alguna parte de personas de tez oscura o que hablaban español.
Arpaio ha rechazado repetidamente estas aseveraciones y señala que sus agentes sólo detienen personas cuando creen que se ha cometido algún delito y afirma que él no es quien elige los lugares donde se efectuarán patrullajes relacionados a la inmigración.
Ambas partes están a la espera del veredicto de Snow cuando concluya el 2 de agosto el juicio sin jurado y de siete días de duración. Snow no ha indicado la fechan en al que emitirá su decisión.
La demanda constituye el primer caso en el que la oficina del alguacil es acusada de caracterización racial sistemática contra los hispanos y servirá de precedente para la definición de una demanda de derechos civiles más amplia que presentó en mayo contra Arpaio el Departamento de Justicia Federal.
Ningún tribunal jamás ha emitido conclusión alguna de que la oficina de Arpaio hubiera actuado específicamente contra los hispanos, aunque un caso basado en una acusación en ese sentido quedó resuelto extrajudicialmente cuando la oficina pagó 200,000 dólares sin admitir que hubiera incurrido en irregularidad alguna .
En la mañana del martes, el 9no circuito rechazó el intento más reciente de una coalición defensora de los derechos civiles de que se prohibiera a la policía poner en marcha la parte más polémica de la ley de inmigración de Arizona.
Los oponentes de la parte de la ley que obliga a la policía a preguntar a algunas personas sobre la condición migratoria de éstas pretenden que la corte de apelaciones impida la aplicación de la medida.
Esta disposición sobrevivió a una revisión de la Corte Suprema federal y entró en vigencia el 18 de septiembre después de que un juez en Phoenix la declarara procedente.
El 9no circuito rechazó la moción de emergencia presentada por la coalición en busca de una medida cautelar pendiente de apelación así como su solicitud de una certificación a la Corte Suprema de Arizona.
Un abogado del Centro Nacional sobre la Ley de Inmigración dijo que la coalición examina cuál será su próxima acción.
