Situación escolar genera confusión
En Inglewood hay desconocimiento de la realidad que enfrenta el distrito
El estado tomó control del distrito escolar de ciudad. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión
Para los empleados y las familias de aproximadamente 12,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD) es un secreto a voces que este distrito pasó desde hace un par de semanas a manos estatales. Esto a causa de las fallas financieras de su administración. Aparentememte, el anuncio no se ha hecho de manera oficial aún cuando han pasado varias semanas.
Ni el superintendente Gary McHenry, ni la Junta Directiva del IUSD tienen ahora ninguna autoridad sobre el distrito escolar, donde se estima que más del 60 por ciento de la población estudiantil de este distrito es de origen hispano.”En este momento, yo soy el administrador y la junta directiva del distrito. Los miembros de la junta son ahora un consejo asesor”, confirmó el superintendente del estado Tom Torlakson a La Opinión en una entrevista reciente, durante su visita a una escuela en Long Beach.
Esto ocurrió, luego de que el gobernador Jerry Brown firmara hace poco más de dos semanas la ley SB 533, con la que se pudo otorgar un préstamo estatal de emergencia de hasta 55 millones de dólares al IUSD, para permitir que este continuara operando y pudiera solventar sus obligaciones financieras. El préstamo tendrá que pagarse en los próximos 20 años. Dicha ley exige que el superintendente del estado asuma todos los derechos legales, obligaciones, y poderes de la gobernanza del distrito.”Estamos en el proceso de designar a un administrador oficial que se haga cargo de que el distrito se recupere de sus problemas financieros y se enfoque en el éxito académico de sus estudiantes”, apuntó Torlakson y señaló que la meta es que este vuelva a tener control local eventualmente.
El distrito escolar de Inglewood es el noveno en solicitar un prestamo de emergencia del estado y control estatal en más de 20 años. Desde entonces, solo cinco de ellos han recuperado el control local.
Esta situación ha provocado incertidumbre en algunos empleados y padres de estudiantes. Erika Flores, por ejemplo, una madre de dos estudiantes de la primaria K-6 Hudnall, confesó no saber absolutamente nada sobre la noticia de que el distrito escolar al que acuden dos de sus tres hijos carecía de solvencia económica, y mucho menos que había pasado al control del estado.”Nadie nos ha dicho nada, ni de manera oficial ni de otra forma. No ha llegado ningún tipo de información a casa, ni nos han llamado por teléfono para informarnos algo al respecto”, aseguró la madre un tanto molesta. La encargada de la oficina de este plantel escolar, María Mata, confirmó que efectivamente, a los padres no se les ha informado nada al respecto, ya que ni a ellos mismos, los empleados, se les ha comunicado esto de manera oficial. “Es un secreto a voces. Algunos de nosotros lo hemos escuchado por ahí, pero nadie aquí nos lo ha dicho oficialmente. Por lo tanto nosotros no podemos comunicarle esto a los padres”, dijo la empleada administrativa de esta escuela.
Asimismo, Héctor Torres, otro empleado del distrito por más de 30 años, y quien además fue alumno en escuelas del IUSDaseguró que todo en este distrito es un misterio porque “nadie ha querido asumir su responsabilidad. Ni la junta directiva, ni el superintendente han salido a dar la cara y explicar lo que paso”.”Yo creo que es bueno que el estado venga a limpiar el desastre que ocurrió aquí y que de una vez por todas alguien asuma un control responsable”, opinó Torres, quien trabaja con estudiantes en riesgo.
La que fuera presidenta de la junta directiva del distrito, ahora consejo asesor, Trina Williams reconoció que esta junta ya no es más la que tiene la última palabra en las decisiones del distrito, pero aseguró que los cinco miembros de la junta siguen siendo los representantes de la comunidad escolar de esta ciudad.
Williams opinó sobre la razón que llevó a la actual situación del distritoAlrededor de unos 650 empleados clasificados del distrito, miembros del sindicato del empleados profesionales de California, esperan que con el nuevo control del estado sobre el distrito, se pueda anular la decisión que la entonces junta directiva del distrito tomó de reducir el salario de estos empleados en un 15 por ciento.
“Esperamos tener la oportunidad de negociar nuestro contrato ahora con el estado y que tal decisión sea invalida”, compartió Christopher Graeber, representante de de dicho sindicato, quien destacó que entre estos trabajadores del distrito más de un 45 por ciento son hispanos.
