Noguez asegura que es inocente

Este lunes la jueza decidirá si baja el monto de la fianza que le fijó a John Noguez, director de la Oficina de Catastro del Condado de Los Ángeles

El fiscal de Distrito, Steve Cooley, anunció  el arresto del director de la Oficina de Catastro del Condado, John Noguez.

El fiscal de Distrito, Steve Cooley, anunció el arresto del director de la Oficina de Catastro del Condado, John Noguez. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión

El ex alcalde de Huntington Park, Juan Renaldo Rodríguez, mejor conocido como John Noguez, y su colaborador de campaña, Ramin Salari, se declararon no culpables de los múltiples cargos que la fiscalía de distrito les imputó al supuestamente participar en un esquema de corrupción y desfalco en la Oficina de Catastro del condado (Office of Assessor).

Noguez, de 47 años, y Salari, de 49, tuvieron ayer su primera audiencia ante la jueza Shelly Torrealba que escuchó las peticiones de sus respectivos abogados para que les redujeran la fianza de casi 1.4 millones de dólares que para cada uno pidió la Fiscalía de Distrito.

La juez Torrealba indicó que no podía reducir los montos hasta no revisar muy bien los documentos y porque no tenía claro si los cargos que les estaban atribuyendo se estaban duplicando.

“Es un caso de extremo abuso de la confianza del público”, dijo la jueza al echar un vistazo a los documentos y fijó la fecha para la próxima audiencia el lunes 22 de octubre a las 2:00 de la tarde, cuando decidirá si rebaja el monto de la fianza.

John Noguez, elegido en 2010 para el cargo de director de la Oficina de Catastro con un salario anual de $197,000, habría recibido sobornos para reducir el valor de múltiples propiedades en el condado y que así sus dueños, que supuestamente apoyaron su campaña, pagaran menos impuestos.

Aunque los cargos que enfrenta el ex alcalde de Huntington Park son graves por aceptar sobornos, conspiración, perjurio, malversación de fondos, fraude y desfalco, Noguez se mostraba ayer tranquilo.

Vestido con el uniforme naranja que en la espalda lleva la leyenda “L.A. County Jail” y esposado de las manos a una cadena que le rodeaba la cintura, por momentos Noguez sonreía, desenfadado hablaba con sus abogados y como si estuviera despreocupado alzaba las cejas al momento que apretaba los labios.

Su abogado, Michael Proctor, pidió a la jueza una reducción de la fianza hasta el rango de los $100,000 al considerar que Noguez no tiene ningún antecedente criminal, que está casado desde hace más de 10 años, que tiene raíces muy establecidas en Los Ángeles y quien siempre estuvo dispuesto a colaborar con la fiscalía en la investigación.

“La fianza (de casi 1.4 millones) es excesiva y no es razonable”, dijo Proctor.

El abogado de Salari, Mark Werksman, también pidió una reducción de fianza a unos $575,000 dólares.

Pero la fiscal Susan Schwartz indicó que Noguez también tiene muy buenas conexiones en México, donde estuvo por un tiempo para acudir al funeral de su padre y mientras se realizaba la investigación cuando pidió licencia para ausentarse de su trabajo en la Oficina de Catastro.

“Nosotros creemos que se debe mantener los montos de las fianzas”, recalcó Schwartz. “Hay que considerar que el señor Noguez está acusado de perjurio, que tiene muchos vínculos en México y que se trata de millones de dólares (las pérdidas al erario público), y que el señor Salari tiene residencia en Arizona y que en California no paga impuestos”.

Junto con Noguez y Salari también es acusado de participar en ese esquema de corrupción Mark McNeil, de 54 años de edad, quien era tasador en la Oficina de Catastro, pero fue liberado el mismo miércoles al cubrir una fianza de 1.1 millones. McNeil tendrá que presentarse a comparecer el 7 de noviembre.

En la corte estuvieron presentes ayer su esposa (señalada por el abogado Proctor) y un supuesto hermano de Noguez, quienes no quisieron hacer comentarios.

La acusación formal en contra de John Noguez establece que de febrero a septiembre de 2010 el funcionario recibió $185,000 dólares para beneficiar en la reducción de impuestos a varios propietarios de Santa Mónica, Hermosa Beach, Torrance y Los Ángeles, incluyendo la propiedad donde se localizaba el restaurante The Old Spaghetti Factory, en Hollywood.

De ser encontrado culpable, Noguez podría ser sentenciado a una pena máxima de 30 años en prisión.

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