Las detenciones del Sheriff
La implementación que el sheriff de Los Ángeles Lee Baca ha hecho del controversial programa Comunidades Seguras va mucho más allá de lo que requiere el Gobierno federal y probablemente bordee los límites de lo inconstitucional, al detener y hasta negar libertad bajo fianza que la ley concede a detenidos presuntamente deportables.
Al menos eso es lo que alega una’ demanda presentada este viernes por ACLU y grupos de defensa de los inmigrantes y lo que es aparente desde hace tiempo aquí en el condado.
El Departamento del Sheriff ha aceptado que por lo menos parte de la demanda estaba en lo correcto: al recibir una carta anunciándoles de la acción legal, reaccionaron enviando una directiva interna garantizando que no se negaría fianza a personas detenidas aunque el Servicio de Inmigración y Aduanas hubiera solicitado su retención para investigar su posible “estatus ilegal” (lo que llaman un “hold”).
Uno de los demandantes es un cineasta británico que estuvo preso 89 días con un “hold” de ICE, a pesar de que un juez le autorizó fianza y de que estaba legalmente en el país.
El Gobierno federal no debería poder conminar a los departamentos de policía local a detener a nadie más allá del tiempo que una investigación criminal lo requiera y, en todo caso, sus reglamentos aclaran que un “hold” migratorio no debe superar las 48 horas.
El extremo celo que el Sheriff Lee Baca de Los Ángeles ha demostrado en mantener detenido a cualquiera que -correcta o incorrectamente- ICE apunta como posiblemente deportable, ha demostrado que la política conocida como Comunidades Seguras que, según el presidente Obama dijo en el reciente debate apunta a detener principalmente a “pandilleros” y otros delincuentes, corroe el sistema judicial más de lo que beneficia a la aplicación de la ley de inmigración.
Esta es una prueba más de que el gobernador Jerry Brown no debió vetar el “Trust Act”, que hubiera protegido a personas no criminales y a víctimas de crimen frente a la aplicación demasiado celosa de Comunidades Seguras. Y de que el programa en sí contribuye a la violación de derechos de miles de personas en este país.
