Buscan reactivar pena de muerte

SAN FRANCISCO, Calif. – A comienzos de este año, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la apelación que presentó Robert Fairbank a su condena de muerte por la violación y asesinato de la estudiante universitaria Wendy Cheek ocurridos en 1985.

Debido a esta denegación, Fairbank es parte de un grupo de al menos otros 13 reclusos condenados a pena de muerte que completaron el proceso de apelaciones a la pena de muerte, que tuvo varias décadas de duración, y ahora quedan sujetos a ser ejecutados.

Pero ninguno de los 14 reclusos condenados a la pena de muerte que ya “agotaron” sus apelaciones recibirá la inyección letal en un futuro cercano – aunque 53% del electorado de California reivindicó su apoyo a la pena de muerte al rechazar la Propuesta 34 en las elecciones celebradas el 6 de noviembre.

Las demandas judiciales tanto en tribunales federales como estatales han detenido las ejecuciones desde enero 2006, y llevará meses, incluso años, en resolver el litigio. Los jueces ordenaron un alto en las ejecuciones y los abogados de la procuraduría general del estado prometieron no continuar adelante con dichas ejecuciones hasta resolver estos casos.

De todas formas, cada vez más fiscales, autoridades del orden público y defensores de la pena de muerte buscan la reanudación sin demoras de las ejecuciones, entendiendo que la derrota de la Propuesta 34 representa un mandato de los votantes. Buscan poner fin a las demoras legales y solicitan descartar la inyección legal compuesta de tres sustancias, que es parte central del litigio, y sustituirla por la ejecución con una sola sustancia.

En los últimos meses, el fiscal del distrito del Condado Los Ángeles, Steve Cooley, y el fiscal del distrito del Condado San Mateo, Steve Wagstaff, han solicitado ante los jueces locales la orden de ejecución de tres reclusos condenados a la pena de muerte y una orden para ejecutarlos con una dosis única y letal de pentobarbital.

Un juez de Los Ángeles rechazó la moción de Cooley y Wagstaffe espera obtener el mismo resultado en el Tribunal Superior de San Mateo, admitiendo que su maniobra legal para la rápida ejecución de Fairbank es más bien simbólica que realista.

Fairbank está condenado a muerte desde 1989, los otros 13 reclusos a ser ejecutados se encuentran en esta situación hace incluso más tiempo, incluyendo a Stevie Fields que se unió a este grupo de condenados en 1979. Fields fue procesado ese mismo año por una “ola de delitos cometidos por un solo hombre” en el recinto universitario de USC que incluyó la violación y el asesinato de una estudiante bibliotecaria dos semanas después de obtener libertad bajo palabra por una condena de homicidio sin premeditación.

Entre los demás reclusos en la lista a ser ejecutados se encuentra Michael Morales, que estuvo a horas de ser ejecutado por la violación y el asesinato de una adolescente antes de que un juez bloqueara su ejecución en 2006 por haber entablado una demanda judicial. Morales alega que el proceso estatal de administrar un cóctel letal tiene muchas fallas ya que los reclusos corren riesgo de sufrir un castigo cruel y poco frecuente.

En respuesta a la orden del juezen el caso de Morales, las autoridades de las penitenciarías gastaron casi un millón de dólares para construir un nuevo centro donde se administra la inyección letal que parece y se siente como una sala de hospital de alta tecnología, sustituyendo así a la oscura y antigua cámara de ga.

Los defensores de la medida en la boleta electoral prometieron continuar luchando por terminar con la pena de muerte en California, señalando que apoyarían demandas judiciales pendientes y se opondrían a los intentos de reanudar las ejecuciones mediante una inyección con una sola sustancia, y además organizarían una campaña para terminar con la pena de muerte, ya sea a través de la Asamblea Legislativa o de las urnas.