Anuncios son cuestionados
El concejal Mitchell Englander es cuestionado por activistas que están en contra de propaganda que estimule el consumo de alcohol
El concejal Mitchell Englander es señalado por una coalición que pide se prohíban anuncios de bebidas alcohólicas en propiedades públicas. Crédito: Ciro Cesar / La Opinion
A una coalición que está en contra de la publicidad de alcohol en propiedad pública, le huele mal que un proyecto de ley con ese fin esté estancado desde 2011 en un panel del Concejo de Los Ángeles que preside un edil que tiene lazos con una firma que aboga precisamente por los promotores de dichas bebidas.
El concejal señalado es Mitchell Englander, sobrino de Harvey Englander, cuya firma -Englander, Knabe & Allen- ha cabildeado para compañías que venden espacios publicitarios en las bancas en paradas de autobuses. A una de ellas, Martin Outdoor Media, la Ciudad le otorgó en 2011 un contrato por diez años con la condición de no hacer propaganda al consumo de alcohol en más 6,000 asientos.
“Hay un conflicto de interés”, afirmó Michael Scippa, director de asuntos públicos de Alcohol Justice.
A mediados del año 2011, el concejal Richard Alarcón presentó una propuesta de ordenanza que prohibiría la promoción de las bebidas embriagantes en las propiedades que posee o controla el municipio; pero cuando el tema llegó al Comité de Seguridad Pública, que preside Englander, se estancó –según señala la coalición- por un rosario de inquietudes que el funcionario pidió aclarar.
“Quizás los cabilderos estén involucrados en esto y no permiten que el asunto avance”, reclamó Rubén Rodríguez, director ejecutivo de la organización Pueblo y Salud Inc.
Ni el concejal Englander, ni Alarcón, comentaron al respecto a La Opinión.
Por su parte, Eric Rose, representante de la agencia Englander, Knabe & Allen, afirmó que la relación familiar no supone un conflicto de interés y recalcó que el edil “no tiene influencia en esta firma”.
En agosto de 2011, Englander, un policía reservista, estuvo en medio de la controversia porque fue el único que defendió la renovación del contrato con la empresa de anuncios en bancas, Norman Bench, entonces cliente de su tío (ahora aboga por Martin, la que ganó el convenio).
Luego se supo que el concejal recibió contribuciones por 5,000 dólares de personas afiliadas a dicha compañía.
“Debemos proteger a nuestros niños, no a los anunciantes”, expresó Kevin Key, un activista de Skid Row.
La coalición, integrada por 16 grupos, quiere que dicha ley sea un ejemplo para otras ciudades.
“Es una opción para brindar más seguridad a nuestros vecindarios”, mencionó Margot Bennett, directora ejecutiva de la organización Mujeres contra la Violencia de las Armas.
