San Bernardino busca acogerse al Capítulo 9

Jueza frustra intento de fondo de pensiones de cobrar primero
San Bernardino busca acogerse al Capítulo 9
La ciudad ha tenido que externalizar servicios, despedir a trabajadores o renegociar su deuda para reducir gastos.
Foto: AP

RIVERSIDE.— Una jueza de bancarrotas frustró los esfuerzos del gigantesco fondo de pensiones de California para obtener el pago antes que otros acreedores de la quebrada ciudad de San Bernardino, mientras los acreedores están alineados para oponerse a la elegibilidad de la endeudada ciudad que busca acogerse al Capítulo 9 de protección de quiebra.

El portavoz del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California dijo al Wall Street Journal que la jueza jueza Meredith Jury en Riverside resolvió que los millones de dólares en contribuciones que la ciudad debe, debería ser pagado como parte del plan de reorganización de la ciudad.

La ciudad a 60 millas al este de Los Ángeles presentó la solicitud de bancarrota en agosto, después de conocer que se enfrentaba a un déficit presupuestal de 46 millones de dólares. La ciudad presento su caso ante la jueza de bancarrota de EE.UU. Meredith Jury en una audiencia en Riverside el viernes.

San Bernardino, con problemas de escasez de efectivo, dejó de pagar a su mayor acreedor, el Sistema de Jubilaciones de Empleados Públicos de California, el verano pasado. La ciudad dijo que solo podría brindar servicios esenciales y que no había dinero suficiente para enviar a CalPERS los aportes requeridos para las jubilaciones de los empleados.

La ciudad prevé posponer los pagos hasta el final del ejercicio 2013. CalPERS calcula que San Bernardino deberá en ese momento al plan de jubilaciones hasta 19 millones de dólares.

CalPERS dijo en octubre que la ciudad no ha proporcionado suficiente información para probar que es insolvente y que la ciudad puede presentar un plan para ajustar sus deudas.

Las cifras de San Bernardino fueron descritas como no confiables por Michael E. Lubic, abogado de CalPERS.

La ciudad respondió con documentos diciendo que había suficiente información pertinente. La ciudad criticó a CalPERS por “una arenga repleta de declaraciones erróneas con respecto a la producción de documentos de la ciudad”.

Además de dejar de pagar a CalPERS, la ciudad aprobó el mes pasado un plan de austeridad ordenado por un tribunal de bancarrota que elimina más de 26 millones de dólares en gastos y congela los pagos de deudas.

El Concejo Municipal también votó para congelar las vacantes en el Departamento de Policía y recortó el presupuesto de horas extras del Departamento de Bomberos en 35%.

En documentos judiciales presentados la semana pasada, CalPERS describió la bancarrota como una “farsa”, asegurando que la ciudad solicitó protección simplemente para conseguir más tiempo. El nuevo plan presupuestal de la ciudad no califica, porque se basa en posponer los pagos que se deben a CalPERS y a otros acreedores, se asegura en los documentos.

Dar el dinero como un “préstamo involuntario” podría amenazar la solidez del fondo de jubilaciones, incumpliendo el deber constitucional de proteger a los jubilados en todo el estado, dijo Ann Stausboll, directora ejecutiva, al San Bernardino County Sun.

“El sistema tiene que ser sólido para que podamos pagar los beneficios”, dijo Stausboll. “Estas personas han trabajado toda su vida, y eligieron una carrera en el servicio público. Tomaron decisiones que afectan toda su vida en base a eso”.

De todas maneras, James Penman, fiscal de la ciudad, dijo al Concejo Municipal el lunes que San Bernardino tiene “motivos fundamentados” para demostrar que cumple con los requisitos para bancarrota según el Capítulo 9.