Inquieta que grupos obliguen a traficar

SAN DIEGO.— Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes se dicen preocupados por el aumento de casos de personas que se ven obligadas a cruzar drogas por la frontera entre San Diego y Tijuana bajo amenazas de grupos de narcotraficantes de hacer daño a sus familiares.

Los activistas aseguran que esta modalidad de envío de drogas hacia Estados Unidos se está generalizando y como prueba de ello están los casos de dos prominentes miembros de la comunidad artística de Tijuana encarcelados recientemente al ser detenidos en San Diego.

En el primero, el famoso arquitecto Eugenio Velázquez fue condenado el pasado 9 de diciembre a seis meses de cárcel y a otros seis de prisión domiciliaria tras ser detenido en el puerto de entrada de San Ysidro en marzo pasado. Su sentencia pudo haber sido una mínima de 10 años por las 12 libras de cocaína que transportaba, pero el juez aceptó el argumento de su defensa y la fiscalía de que fue forzado a traficar drogas a consecuencia de amenazas a su familia.

En el caso de la prometedora estrella de la ópera Maximino Melchor Vázquez, el tenor fue sentenciado a nueve años de prisión en noviembre pasado.

Su abogado defensor, John R. Rodríguez, dijo que su cliente transportó metanfetaminas bajo amenazas y que no peleó el caso al temer por la integridad física de su familia.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional por los Derechos Humanos con sede en Tijuana pero que opera a ambos lados de la frontera, dijo que cárteles de la ciudad, particularmente el de Sinaloa —que domina el tráfico de drogas en la zona— están adoptando tácticas en las que amenazan a las “mulas”. “No es una táctica nueva. Ha pasado por años. Pero ha aumentado el número de casos en los que los carteles están utilizando no solo a mulas ciegas, viajeros frecuentes que no saben que llevan droga escondida en sus autos, sino que ahora identifican cada vez más a quienes cruzan constantemente a Estados Unidos y los amenazan”, dijo.

David Shierk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, dijo que de acuerdo con las entrevistas a personas detenidas por narcotráfico han comprobado que muchos de ellos son ciudadanos de EEUU que entran en contacto con grupos criminales por apuestas o consumo de drogas, y como resultado son presionados para traficar personas o drogas.

“El punto más peligroso para los carteles es el del cruce físico de personas o drogas. No existen datos sobre las personas reclutadas, pero tiene sentido que se aprovechen de personas vulnerables”, dijo Shierk.

Agregó que casos como estos muestran “que la creatividad de los traficantes es muy alta. No es un fenómeno nuevo pero sugiere que el crimen organizado se ha vuelto más brutal en comparación a hace 10 o 20 años”.

Clark Alfaro señaló que ha testificado como experto en cortes y en esas ocasiones ha señalado que también narcotraficantes de menor experiencia han utilizado esta táctica, como en el caso de un joven detenido que argumentó que lo amenazaron con hacerle daño si se negaba a pasar la droga.

“Uno de los problemas que encuentro es que los abogados defensores suelen aconsejar a personas en estos casos que simplemente se declaren culpables para evitar juicios largos y permitirles regresar a México al ser deportados, pero se pierde así credibilidad y las consecuencias son graves pues se pierde el acceso a Estados Unidos”, dijo.

De acuerdo con Clark Alfaro, en el último año se han presentado más casos en las cortes en los que acusados argumentan que han sido obligados, lo que sin embargo es difícil de probar pues la asunción de base es que toda persona que transporta drogas lo hace a sabiendas y para beneficio personal.

“Uno de los problemas es que las personas en México no confían en las autoridades, por lo que se sienten obligados a ceder ante las presiones de los grupos criminales”, dijo Clark Alfaro.

Para Enrique Morones, del grupo de defensa de derechos de inmigrantes “Ángeles de la Frontera”, es importante que las autoridades de ambos países puedan ofrecer líneas de teléfono confidenciales en las que víctimas de este fenómeno puedan hacer denuncias en forma anónima.

“Es un fenómeno muy preocupante que no va a parar. Es importante que los ciudadanos tengan la seguridad de que pueden denunciar. Si pasa en casos de personas de alto perfil, como los que se dieron recientemente, personas de otros estratos sociales también deben tener recursos para protegerse”, dijo Morones.