Aprueban hacer consulta popular
Parlamento de Cataluña declara medida para la autodeterminación
BARCELONA, España (EFE). Con el voto de los nacionalistas catalanes e independentistas, el Parlamento de Cataluña aprobó ayer una declaración para realizar una consulta popular sobre la autodeterminación de esta región del noreste de España.
Por unos 85 votos a favor y 41 en contra, mayoritariamente de socialistas (PSC) y conservadores del PP catalán, la declaración abre un proceso para hacer efectivo el “derecho a decidir” en una consulta popular sobre el futuro de Cataluña, a la que define como “sujeto político y jurídico soberano”.
Según la Constitución española, como insisten el Gobierno español (PP) y los socialistas del PSOE, la mayor fuerza de la oposición, las instituciones autonómicas de Cataluña no tienen ninguna competencia para convocar un referéndum.
Pese a eso, la iniciativa partió de los nacionalistas de derecha (CiU), que gobiernan la región, y los independentistas de izquierda (ERC) que en las elecciones autonómicas de otoño pasado se convirtieron en la segunda mayor fuerza de Cataluña, desplazando por primera vez a los socialistas a un tercer puesto.
En el preámbulo, la declaración aprobada apunta que la fórmula para “determinar libre y democráticamente” el futuro colectivo de Cataluña es a través de una consulta a los ciudadanos catalanes
Tras un debate parlamentario, la declaración obtuvo el apoyo del 63% de los diputados de la Cámara catalana, mientras que el Estatuto de Autonomía de la región, votado en 2005, fue aprobado con una mayoría más amplia 88%.
Los socialistas (PSC), el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC) y la formación más pequeña “Ciutadans” rechazaron la declaración por considerar que contraviene la legalidad.
En el PSC finalmente cinco diputados del sector crítico se abstuvieron, cuando el grupo había acordado votar en contra, mientras que los 17 diputados del PPC abandonaron rápidamente el pleno en protesta, tras votar en contra de la declaración.
Asimismo, en la declaración se asume el compromiso de que “se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional”.
La declaración soberanista concluye con una llamada a los ciudadanos a ser “activos y protagonistas de este proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”.
El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, aseguró ayer que el Gobierno no va a permitir “nunca” una consulta que no se ajuste a la legalidad, y tachó la declaración del Parlamento catalán de “retórica y sin efectos jurídicos”.
Advirtió además de que cualquier decisión de secesión sería una declaración unilateral de independencia que no sería aprobada por la inmensa mayoría de los países de la UE, y causaría a Cataluña un daño “inmenso”, añadió al referirse a algunos estudios que pronostican que el PIB de la región caería hasta un 20 %.
El propio presidente catalán, Artur Mas, reconoció recientemente que de celebrarse el referéndum no sería vinculante su resultado.