De nuevo el factor norteamericano

Credibilidad. ¿Quién tiene más credibilidad en temas políticos espinosos que involucran a la relación de México con su vecino del norte? ¿El gobierno mexicano o The New York Times, el periódico de más prestigio e influencia en Estados Unidos? La pregunta viene a cuento por lo publicado por el diario neoyorquino el 4 de febrero en torno a un supuesto veto del gobierno norteamericano a un candidato para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional en el gabinete actual mexicano. El artículo está firmado por Ginger Thomson —periodista con amplia experiencia en temas mexicanos—, Randal Archibold y Eric Schmitt.

Para responder la pregunta inicial podemos recurrir a la historia reciente. El año pasado, (21 de abril y 17 de diciembre, 2012), ese mismo diario presentó dos largos reportajes llenos de datos sobre la forma en que la poderosa firma norteamericana de supermercados Walmart se había hecho de permisos para abrir una buena cantidad de tiendas y bodegas en México, algunas de ellas en lugares donde no deberían estar, como la zona arqueológica de Teotihuacán. La forma en que Walmart logró situarse en donde no debía, es y añeja: el soborno a funcionarios públicos. Ninguna autoridad dentro de Walmart o del gobierno mexicano, salvo el INAH, ha cuestionado los datos ofrecidos por The New York Times, aunque la denuncia no ha llevado a la clausuras de tiendas ni a juicios a los responsables, apenas a algunos cambios internos en Walmart.

No todas las denuncias del diario neoyorquino sobre corrupción en México han sido aceptadas o confirmadas. Por ejemplo, en su edición del 23 de febrero de 1997, el entonces corresponsal en México del periódico neoyorquino, Sam Dillon, en colaboración con Graig Pyes, publicaron un largo artículo basado en informes de funcionarios norteamericanos, anónimos algunos pero no todos —se dieron los nombres Wilburn Sears y William Francisco, encargado de la oficina de la DEA en Hermosillo y funcionario del consulado americano en esa misma ciudad respectivamente. Los informantes relacionaron abiertamente a los entonces gobernadores de Sonora y Morelos respectivamente, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea, con un jefe del narcotráfico mexicano: Amado Carrillo, “el señor de los cielos”. Ambos políticos negaron enfáticamente las acusaciones y Beltrones incluso envió una carta de protesta al diario neoyorquino. Finalmente, la PGR intervino y declaró falso lo publicado por el periódico norteamericano y calificó a Dillon y a Pyes de difamadores pero no inicio juicio contra ellos. En ese caso ni The New York Times ni los presuntos difamados llevaron su diferendo hasta sus últimas consecuencias.

El Tema de Hoy. Como se sabe, la esencia de lo que publicó The New York Times el 4 de febrero es simple: justo cuando Enrique Peña, ya como presidente electo, tenía que considerar la conformación de su gabinete, el embajador norteamericano Anthony Wayne, se entrevistó con personajes cercanos al mexiquense para vetar al general de división Moisés García Ochoa como posible secretario de Defensa. El periódico lo pone así: “La administración Obama tenía varias preocupaciones en torno al general, entre ellas la sospecha de la Agencia Antidrogas de que tuviera ligas con narcotraficantes y la preocupación del Pentágono sobre el mal uso de equipo militar y la obtención de ganancias con la firma de contratos multimillonarios.”

El veto al general se dio, afirma el diario, en un ambiente de desconfianza mutua entre el gobierno norteamericano y el entrante en México. La desconfianza provenía de lo ambiguo de la política antidrogas de Peña Nieto —¿Iba a seguir atacando a los carteles o intentaría una negociación bajo cuerda con ellos para que disminuyeran su violencia? También entró en la consideración del veto los dineros que da Estados Unidos a México vía la “Iniciativa Mérida”. Según el periódico, la bien ganada fama del PRI de tolerar la corrupción de los suyos aunada a la compra de equipo de espionaje sofisticado por valor de 355 millones de dólares en la administración pasada y en la que intervino el general García Ochoa en su calidad de director general de administración, llevaron a Washington a suponer que podían mal usarse los recursos dados a México.

Lo que está en Juego. El problema básico de la relación política México-Estados Unidos es la asimetría de poder. Desde finales de la primera mitad del siglo XIX nuestro país quedó en la esfera de influencia norteamericana y por esa razón su soberanía ha sido, en el mejor de los casos, relativa. México nunca se atrevería a pedirle a Barack Obama que no nombre a tal o cual persona en su gabinete —a lo más que ha podido llegar es a mostrar disgusto con la conducta del representante de Obama en nuestro país, el embajador Carlos Pascual, y forzar su retiro—, pero lo contrario no sólo es posible sino que ya ha sucedido varias veces. En un libro de próxima aparición (El embajador, Planeta, 2013), Dolia Estevez, corresponsal en Washington de MVS, registra una entrevista con el embajador norteamericano ante Ernesto Zedillo, James R. Jones, donde éste admite como cosa natural, que en su momento le presentó a Zedillo una lista de 10 o 15 políticos mexicanos que el gobierno de William Clinton no deseaba ver en un puesto de “alto nivel” porque sus servicios de inteligencia “consideraban que se habían corrompido”. Según el embajador, ninguno de los vetados ingresó al gabinete y sólo uno logró un puesto de “alto nivel”. Lo anterior dice mucho sobre la vulnerabilidad de un sistema político famoso por su corrupción y de lo limitado de su soberanía.

Donde Estamos. Fue la SEGOB, no la SEDENA, quien hizo una escueta declaración oficial sobre lo publicado el 4 de febrero por el diario norteamericano. En ella no se defendió al general Ochoa ni tampoco se negó claramente que el embajador norteamericano hubiera vetado al general, simplemente se afirmó que Peña Nieto había valorado a sus posibles colaboradores y “en ejercicio pleno de las facultades que la Constitución le confiere” designó a uno que no fue Ochoa. En realidad quien oficialmente negó la presión del embajador, fue el portavoz del Departamento de Estado, William Ostick, pero obviamente eso fue por razones diplomáticas y después de que el golpe ya había sido dado.

El general retirado Luis Garfias Magaña, declaró que “el Ejército no se merece esto” y demandó del presidente, como comandante supremo de las fuerzas armadas, un desmentido rotundo a lo dicho por The New York Times (La Jornada, 6 de febrero). No lo hubo.

Dilema. Nuestra mejor política hacia Estados Unidos es una política interna sólida que cierre el gran flanco abierto por la corrupción y, desde luego, una que no necesite recurrir a la ayuda económica norteamericana para resolver nuestros problemas. Y es que la “Iniciativa Mérida” ha resultado ser, entre otras cosas, una licencia que Washington adquirió por sólo 1,600 millones de dólares para ampliar su influencia en torno a decisiones que, en teoría, deberían ser exclusivamente nuestras. El dilema está, ahora, en si se quiere y como, revocar esa licencia.

Una vez más, las debilidades de nuestra política interna abren zonas de vulnerabilidad a una soberanía que, en el mejor de los casos, es relativa.