Voto de las minorías en riesgo

Nueva York — Grupos civiles están en alerta, luego de que el Tribunal Supremo invalidara ayer una parte clave de una ley federal de 1965 que protege el derecho al voto de las minorías raciales en el país.

Por una votación de 5 a 4, la Corte invalidó la sección cinco de la Ley de Derecho al Voto, que obliga a algunos estados y condados con “tradición discriminatoria” a recibir permiso del gobierno federal, antes de llevar a cabo cualquier modificación electoral.

De acuerdo con el Supremo, el Congreso debe ahora buscar una nueva fórmula para determinar qué estados y localidades requieren de una vigilancia estrecha de sus procedimientos electorales.

Líderes latinos desaprueban la decisión argumentando que los magistrados desconocen los problemas de discriminación que están actualmente enfrentando los hispanos.

“Al ignorar la abrumadora evidencia de discriminación que continua a la hora del voto, una mayoría en la Corte Suprema desestimó miles de páginas de testimonios en uno de los récords más extensos que respalda la legislación”, dijo Juan Cartagena, consejero general y presidente de LatinoJustice PRLDEF.

Nina Perales, vicepresidente de litigio de la liga legal y educacional MALDEF, dijo que ese recurso es necesario. “Esa provisión bloqueó a Texas de usar planes de redistritos discriminatorios y también impidió que se pidiera ID para votar”, lo que hubiese bloqueado elderecho a miles de latinos.

La protección de la sección cinco existe en los cuatro estados con mayor población latina: California, Texas, Nueva York y Florida.

“Esta decisión desestima esas protecciones en un momento donde el creciente impacto político del voto latino se va a notar en las elecciones de medio término de 2014”, acotó Cartagena. “Tendremos que prepararnos para luchar contra múltiples intentos de detener y descarrilar el voto hispano”.

También el fiscal estatal Eric Schneiderman destacó que “el Congreso ahora debe asegurar que el Acta de Derecho al Voto continúe jugando un papel vital en el fortalecimiento de nuestra democracia”.

De igual manera, en un comunicado, la asociación de representantes latinos electos NALEO pidió celeridad a los legisladores, “para habilitar una nueva fórmula que permita atender prácticas discriminatorias y amenazas al derecho electoral”.

En Washington, uno de los primeros en manifestar su decepción fue el presidente Barack Obama, quien recordó que por casi 50 años esta legislación “ayudó a proteger el derecho a votar de millones de estadounidenses”.

Laura Murphy, de la oficina local de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), señaló que las condiciones de segregación no han cambiado en Estados Unidos desde hace siete años, cuando el Congreso refrendó la norma hoy eliminada.

La sección cinco de esa ley se aplicaba a nueve estados y a partes de otros seis, en su mayoría en el sur del país y donde predomina la población blanca.

El caso se derivó de una demanda presentada por el condado Shelby del sureño estado de Alabama, uno de los afectados por la norma y que decidió impugnar su constitucionalidad.

El presidente del Supremo, John Roberts, fue el encargado de redactar el fallo, del que disintieron los cuatro jueces progresistas del tribunal.

“Nuestra decisión de ninguna manera afecta a la prohibición permanente de la discriminación racial en la votación”, escribió Roberts.

Según el magistrado, corresponde al Congreso “elaborar otra fórmula basada en las condiciones actuales”.

Defensores de los derechos civiles habían insistido en que la Corte debía dejar intacta la norma, por ser una herramienta clave para proteger el voto de afroamericanos e hispanos.

Concebida para lidiar con la situación de los afroamericanos en el sureste del país, en los años setenta la ley fue enmendada para extender su cobertura a hispanos de Texas, Arizona y áreas de California, Florida y Nueva York.

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