Ordenan ayuda legal

La jueza federal Dolly M. Gee ordenó ayer en Los Ángeles la designación de un “maestro” especial para supervisar la implementación de la orden que dio en abril pasado al Gobierno federal: identificar y proveer representación legal a inmigrante detenidos con discapacidades mentales.

La jueza Gee determinó que hasta ahora el gobierno federal no ha implementado un plan efectivo para cumplir la orden judicial, producto de una demanda litigada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y la organización de representantes legales públicos Public Counsel y ordenó que ambas partes se pongan de acuerdo en una persona, con experiencia en leyes y salud mental, para supervisar que se cumpla.

En abril pasado, en una decisión sin precedentes, el tribunal determinó que el Gobierno federal debía proporcionar una representación o asistencia legal adecuada a migrantes en proceso de deportación con problemas o discapacidades mentales que disminuyan su habilidad de entender el proceso o participar adecuadamente en el mismo.

Hasta entonces las leyes no requerían ningún tipo de asesoría legal o defensor público en casos de inmigración, sólo en casos de las cortes criminales. Los procesos de inmigración son civiles y en diferentes tribunales que los criminales.

José Antonio Franco fue el principal demandante en la acción legal que culminó con esta decisión. El residente de Costa Mesa, de 32 años de edad y la edad mental de un niño debido a una discapacidad cognitiva, pasó más de 5 años en 4 diferentes centros de detención del Sur de California, sin ir a corte o recibir una audiencia, hasta que un oficial de deportación se apiadó de su caso y llamó a Public Counsel.

Aunque el caso abarcaba únicamente a centros de detención en el distrito oeste del país, el gobierno federal decidió voluntariamente aplicar la orden en todo el país, lo que fue elogiado por el juez. No obstante, ACLU presentó al menos ocho casos de detenidos con severas discapacidades mentales que no habían sido identificados a pesar de la orden y alegó que no había un sistema efectivo para cumplir la orden.

“La jueza nos dio una semana a las partes para que nos pongamos de acuerdo en quien sería la persona idónea para este trabajo”, dijo Ahilan Arulanantham, subdirector legal de ACLU del Sur de California. “Si no lo logramos debemos darle una lista y ella nombrará a alguien, probablemente en septiembre”.

Uno de los problemas en implementar los nuevos estándares es que hay inmigrantes detenidos en diferentes tipos de centros.

En los centros federales el cuidado de salud es controlado por el gobierno federal por lo que es más fácil vigilar el cumplimiento pero en otros lugares, como cárceles locales donde se alquila espacio para estos detenidos o en centros privados, el cuidado de salud suele estar en manos privadas o del municipio o condado.

“Eso hace que sea difícil estandarizarlo”, dijo Arulanantham .