Obama promulga nueva ley para préstamos estudiantiles
Alrededor de 8.8 millones de prestatarios universitarios experimentarán una reducción en sus tasas de interés en los nuevos préstamos
Bajo la nueva ley, algunos préstamos para estudiantes tendrán una tasa de interés fija del 3.4 %. Crédito: EFE
WASHINGTON, D.C.- El Presidente Barack Obama promulgó hoy la ley de préstamos estudiantiles. Ahora los los jóvenes no verán un alza dramática en las tasas de interés, una medida que se aplicará de manera retroactiva.
Se espera que 11 millones de estudiantes se beneficien con esta medida en los préstamos iniciados a partir del 1 de julio de 2013, lo que se traducirá en un ahorro promedio de $1,500 durante la vida de los préstamos.
Ahora, las tasas de interés de los jóvenes estarán ligadas a los bonos del Tesoro de 10 años. Esto significa que en el futuro, las tasas fijas se determinarían cada año según las condiciones del mercado, lo que contribuye a garantizar que sean parecidas al costo de los préstamos en que incurre el gobierno, al tiempo que se pone un límite sobre cuánto pueden subir.
La Casa Blanca calcula que alrededor de 8.8 millones de prestatarios universitarios experimentarán una reducción en sus tasas de interés en los nuevos préstamos del 6.8% al 3.86%, y alrededor de 1.5 millones de prestatarios con préstamos Stafford sin subsidio para estudios de posgrado, tendrán una reducción en sus tasas de interés en los nuevos préstamos del 6.8% al 5.41%.
Más de 1 millón de prestatarios bajo los planes GradPLUS y Parent PLUS contarán con una reducción en sus tasas de interés en los nuevos préstamos del 7.9% al 6.41%.
El gobierno ha insistido en que el acuerdo básico que llevó a la aprobación de proyecto de ley en el Congreso, garantiza los recursos necesarios disponibles para continuar invirtiendo en otros programas críticos de educación superior tales como el programa de Becas Pell.
El 1 de julio las tasas de interés se habían duplicado automáticamente llegando a 6,8%. El acuerdo tomó meses en concretarse, luego de que el Congreso y la Administración no pudieran conciliar sus opiniones respecto a los cambios que debían implementarse.
