Más narcos saldrían libres
Apelan sentencia de otros reos mexicanos por el caso de la DEA
Rafael Caro Quintero en la lista de fugitivos internacionales de la DEA. Caro Quintero fue liberado en México, el viernes pasado. Crédito: EFE
MEXICO (AP) Abogados defensores opinan que es inminente la liberación de un segundo miembro del trío de narcotraficantes mexicanos responsable del asesinato en 1985 de un agente antidrogas estadounidense, dijo el sábado uno de los abogados del individuo.
Rafael Caro Quintero salió de prisión el viernes después que un tribunal federal anuló su sentencia a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena. El panel de tres jueces en el occidental estado de Jalisco, ordenó la liberación inmediata de Caro Quintero por razones de procedimiento después de 28 años tras las rejas, diciendo que debió ser procesado en un tribunal estatal en vez de federal.
Otros encausados en el caso de Camarena son Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Angel Félix Gallardo, dos de los fundadores del narcotráfico mexicano moderno, cuyo cártel con sede en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país, posteriormente se dividió para convertirse en algunas de las mayores organizaciones de narcotráfico de México.
José Luis Guízar, abogado de Fonseca Carrillo, dijo que su equipo ha presentado una apelación sobre la misma base de procedimientos usada por Caro Quintero y esperaba que otro tribunal de Jalisco lo libere en los próximos 15 días.
“La apelación está a punto de resolver el amparo de fondo. Creemos que los magistrados se van a apegar al derecho. (Fonseca Carrillo) debe estar en su casa. En el fondo, el asunto es igual al de Rafael. Debiera estar ya en la calle.”
Guízar dijo que no había hablado con los abogados de Félix Gallardo sobre sus expectativas del caso. Funcionarios mexicanos no respondieron el sábado a varias llamadas para que comentaran sobre el asunto.
El Departamento de Justicia dijo el viernes que la decisión del tribunal mexicano de liberar a Caro Quintero era “profundamente preocupante”, pero ex agentes de la DEA se mostraron pesimistas de que el gobierno del presidente Barack Obama presione mucho a México.
Casi 20 años después de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el comercio entre México y Estados Unidos supera los 1.000 millones de dólares mensuales. Los dos países han trabajado de cerca contra los cárteles de las drogas durante los últimos siete años y Washington ha enviado miles de millones de dólares en equipos y capacitación a cambio de un mayor acceso a las entidades policiales e información de inteligencia mexicanas.
“Estoy seguro de que habrá muchas quejas sobre el asunto, pero ¿tenemos un Departamento de Justicia que va a dar la cara ahora? No lo creo”, dijo Edward Heath, director de la oficina de la DEA en México cuando el asesinato de Camarena.
En junio Estados Unidos alegó que Caro Quintero seguía dirigiendo una amplia organización de narcotráficos desde prisión, trabajando con el Cártel de Sinaloa para trasladar drogas y lavar dinero del narcotráfico mediante varios negocios pantalla.
El congresista Henry Cuéllar, el demócrata por Texas que sigue de cerca la política mexicana, dijo que la liberación de Caro Quintero pareció tomar por sorpresa al gobierno de Peña Nieto, pero que de todas formas era un golpe para las relaciones con Washington.
“Hemos pedido a México que respete el Estado de derecho pero no sé si es lo que están haciendo”, dijo. “Debió haber algún tipo de aviso de que esto iba a suceder.”
“Espero que no sea una señal de lo que pueda hacer este gobierno”, dijo Cuellar. “No lo creo, pero en este momento las relaciones entre Estados Unidos y México no tienen buena cara.”
El fallo del miércoles sobre Caro Quintero permaneció en secreto dos días, dijo el Departamento de Justicia, que se enteró el viernes por la mañana aproximadamente al mismo tiempo que los medios de comunicación, horas después de que Caro Quintero salió de prisión.
Aunque algunos expertos dijeron que el fallo puede ser parte de una iniciativa más amplia para equilibrar el sistema jurídico mexicano a favor de los derechos de los acusados, funcionarios mexicanos y antiguos y actuales funcionarios estadounidenses expresaron un profundo escepticismo de que se siguió el procedimiento adecuado.
El procurador general de la República Jesús Murillo Karam dijo que la Primera Corte de Apelaciones había “ignorado completamente” el precedente establecido por la Corte Suprema de México al desestimar el caso en vez de devolverlo a los tribunales estatales.
Mark Stevenson, Adriana Gómez Licón y Olga R. Rodríguez contribuyeron a este despacho.
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