Tribunal dictamina que LAPD quite autos

Juez falla contra política promovida por el jefe de policía Charlie Beck que evita los decomisos a chóferes sin licencia

Un juez determinó que los agentes de policía deben confiscar los autos de choferes que conducen sin licencia en LA.

Un juez determinó que los agentes de policía deben confiscar los autos de choferes que conducen sin licencia en LA. Crédito: Ciro César / La Opinión

Un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles se manifestó ayer a favor de eliminar la Orden Especial 7, lo que podría obligar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a reinstalar la política de confiscar vehículos por 30 días a conductores que no cuenten con licencia de manejo.

La Orden Especial 7 fue promovida por el jefe del LAPD, Charlie Beck, y aprobada por la Comisión de Policía. Entró en vigor el 22 de abril de 2012 para evitar la incautación de vehículos por un mes a ciertos conductores sin licencia que presenten a cambio identificación válida, registro del automóvil y prueba de seguro.

En caso de que el vehículo sea decomisado, también permite al dueño recuperarlo el mismo día tras pagar una multa, o se le da tiempo razonable de llamar a una persona con licencia para que se lleve su automóvil y así no sea confiscado.

Pero el juez Terry Green dijo que esa política viola el Código de Vehículos de California y se contrapone con las disposiciones estatales de reducir accidentes causados por automovilistas sin licencia.

De esta forma el juez le dio la razón a la Liga Protectora de Policías de Los Ángeles (LAPPL) y a Judicial Watch, grupos que en abril del año pasado demandaron al LAPD por imponer tal medida.

Green indicó que no emitirá su fallo por escrito para anular la Orden Especial 7 hasta escuchar todos los argumentos que pueden ser presentados en un proceso de apelación por parte de la ciudad o de los organizaciones que la defienden, como CHIRLA y LA Voice, representadas por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), y advirtió que esos argumentos deberían escucharse en Sacramento y no en la corte.

Judicial Watch, un organismo de control gubernamental conservador, estableció al presentar su demanda que la Orden Especial 7 representa el uso indebido del dinero de los contribuyentes para ayudar a “extranjeros ilegales sin licencia”; mientras que la LAPPL argumentó que ponía en riesgo de demandas a los agentes.

La incautación de vehículos afecta principalmente a inmigrantes que no pueden obtener una licencia de manejo, lo cual genera millones de dólares en ingresos a la compañía de arrastre y resguardo de vehículos Official Police Garages (OPG), cuyo director ejecutivo, Eric Rose, ha sido cabildero para la LAPPL.

Para Paul Orfanedes, abogado de Judicial Watch, la decisión de ayer fue una victoria para el estado de derecho.

“La legislatura de California tiene autoridad sobre gobiernos locales para que no hagan cambios que afecten al Código de Vehículos, y era lo que el LAPD está intentando hacer, cambiar algo que está bajo la ley estatal”, señaló.

La ACLU adelantó que en las próximas dos semanas apelará el fallo, lo cual pudiera alargar el caso por varios meses más, hasta más de un año.

“No es el final del caso, vamos a apelar y creemos que nuestros argumentos van a hacer prevalecer la Orden Especial 7”, dijo Michael Kaufman, abogado de ACLU La Orden Especial 7, indicó Kaufman, es consistente con el Código de Vehículos y funciona como cualquier otra directriz de acción dentro de la corporación. El LAPD puede mantener la Orden Especial 7, dijo el abogado, a menos que en las próximas semanas, cuando se presente la apelación, el juez decida detenerla en tanto no se llegue a un fallo final en la corte.

Sally Madera, vocera del LAPD, dijo que el Departamento revisará la decisión del juez Green, y que no podía comentar si se continuaría aplicando la Orden Especial 7.

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