Crimen se infiltra en albergues de migrantes en México

MÉXICO, D.F. – Es pasada la medianoche y dos voluntarios revisan mochilas, hacen preguntas, toman fotografías y datos biográficos en el albergue para inmigrantes San Juan Diego, Huehuetoca, donde llegan por cientos de centroamericanos hambrientos, cansados y algunos heridos.

Uno de ellos observa hacia los alrededores del refugio, donde la luz amarillosa de los faroles nocturnos deja ver siluetas de hombres jóvenes debajo de un árbol, unos sentados mirando hacia adentro, otros parados con frascos de bebidas en la mano o aspirando cigarrillos.

“Son ellos”, exclama uno de los recién llegados.

“Sí, así opera el crimen contra los migrantes”, recapitula Jorge Andrade uno de los dos defensores de derechos humanos del colectivo Ustedes Somos Nosotros.

Durante más de dos años la organización ha intentado sin éxito sacar adelante tres posadas gratuitas y seguras en la región noreste del Estado de México para los indocumentados que pretenden cruzar México para ir a trabajar a Estados Unidos.

Los criminales los echaron primero de Ecatepec, en 2009; de Lechería, en 2011, y de Huehuetoca en agosto pasado, a punta de pistola y con acciones de inteligencia que ponen a temblar hasta al más necio.

Mientras Andrade y su compañera de activismo controlaban la populosa llegada de inmigrantes en San Juan Diego, delincuentes infiltrados espiaban a ambos en la penumbra para asegurarse que estaban lejos de cada una de sus casas, en el Distrito Federal, donde les robaron computadoras y documentos.

Fue un acto de intimidación del crimen organizado, un mensaje para avisar hasta dónde podían llegar si los vigilantes del albergue interponían en su camino para infiltrarse, para llevarse a los inmigrantes y hacerlos víctimas o verdugos de polleros, secuestradores, traficantes de droga o trata de personas.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, lo observa todos los días en el albergue católico La 72, en Tenosique, Tabasco. Los informantes se hacen pasar por migrantes para trabar amistad con ellos.

Así les sacan información. Quieren saber si los sin papeles tienen familia en Estados Unidos para que pague el rescate en caso de secuestro o si son mujeres y niños que viajan solos para usarlos como “mulas” o trabajadores sexuales.

Luego, pasan la información a cómplices que están en los alrededores del tren y cuando el incauto se descuida se lo llevan por la fuerza. Es una forma de garantizar el perfil del negocio.

“Detectar a los infiltrados era o es mi oficio”, revela Figueroa, quien abandonó La 72 hace meses después de varias amenazas de muerte por parte de delincuentes que él delató a las autoridades por extorsión, robo y desaparición de migrantes.

“Cuando ellos ya tienen enganchada a la gente adentro del albergue no quieren dejarla salir”.

Figueroa es un estorbo, por tanto. Como lo es todavía el sacerdote católico Alejandro Solalinde quien tiene una vigilancia de cuatro policías municipales y cuatro federales dentro del refugio Nuestros Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.

Un exmilitar guatemalteco, de esos conocidos como “kaibiles”, intentó matarlo hace dos meses, pero fue detectado. Hace dos semanas, un mexicano ingresó con armas para el mismo fin. “Todo el tiempo están intentando llevarse a gente de aquí y como no los dejo, no me quieren”, cuenta.

Aún con todas las precauciones, a algunos incautos las agarran afuera de la posada, cuando salen a comprar a la ciudad o a pedir dinero o arriba del tren. Así enganchan a adolescentes para el narcomenudeo desde la región fronteriza del sur y por toda la ruta del tren hasta el norte. “Si los agarran presos ahí los dejan: las cárceles están plagadas de centroamericanos”, señala Solalinde.

El cura Gustavo Rodríguez detectó en la posada que administra en la parroquia La Asunción de Puebla, que muchos inmigrantes son obligados a delinquir, a llevar cocaína de sur a norte por las brechas de Acatlán e Ixmiquilpan o a prostituirse por los bares de Cuautlancingo y San Lorenzo, los grandes municipios.

“Ahí están trabajando en la comunidad”, dice. “Controlados por el crimen organizado y nosotros como sociedad que quiere ayudar ya no sabemos qué hacer”.

Solalinde, veterano en el tema de refugio migrante, igual que muchas organizaciones no gubernamentales, creen que la solución a esta problemática es sencilla: “una visa de transmigrante”.