Corrupción, detonante del crimen organizado

Guatemala es un punto de quiebre para la inseguridad en Centroamérica. Cuando los Zetas masacraron a 27 campesinos en el país en 2011, la atención sobre la guerra contra el narcotráfico se trasladó momentáneamente de la frontera norte de México hacia la frontera sur. Pronto salió a luz la “porosidad” de la frontera entre México y Guatemala, y demás vecinos. Claro, hablar de “porosidad” es un eufemismo. Una estimación extraoficial fija los “puntos ciegos” en unos 150 sólo en la colindancia con México, de los cuales 54 incluyen paso vehicular, según el Sistema de Integración de Centro América (SICA).

Por algo Guatemala es clave para el trasiego de armas, de drogas hacia el norte, y de dinero hacia el sur. También es el trampolín para el envío aéreo de dinero sucio hacia Panamá. Ese dinero permite al crimen organizado funcionar, la compra de armas para proteger la droga transportada hacia el norte, dejar un sendero de violencia, y comprar autoridades que facilitan el trasiego. Si la falta de recursos estatales es una de las razones para la protección inadecuada de las fronteras, la corrupción también lo es.

Guatemala tiene una cuota de responsabilidad en la violencia de los países vecinos, por el narcotráfico, narcomenudeo, o la movilidad de las pandillas juveniles que extienden así sus actividades delictivas al resto del triángulo norte del istmo: Belice, Honduras y El Salvador.

En nada ayuda que narcotraficantes guatemaltecos tengan propiedades colindantes en ambos lados de las fronteras Guatemala-Honduras o Guatemala-México, haciendo irrisoriamente fácil el trasiego de personas, drogas y armas (aunque el Estado de Guatemala intenta expropiar las del lado guatemalteco). Supuestamente así huyó hacia Honduras, según una fuente policial, el narco guatemalteco que una turba rescató de manos de policías y soldados en Guatemala el 16 de octubre, José Ranferí Ponce.

Por algo Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del mexicano Cartel de Sinaloa, entró indetectable a Guatemala (donde fue capturado en 1993, para luego escapar de una cárcel mexicana en 2001), y para 2009 era visto con frecuencia en Honduras. Algo similar ocurrió con el narco guatemalteco Otto Herrera: huyó hacia México y fue capturado en 2004; se fugó en 2005, y reapareció en Colombia, donde la policía lo capturó en 2007—una muestra que la “porosidad” fronteriza es regional.

Pero los criminales también se mueven con facilidad pasmosa por los puestos fronterizos oficiales. El guatemalteco Roberto Barrera, acusado de asesinar a su esposa Cristina Siekavizza en 2011, sacó a sus dos hijos menores de edad con documentos falsos por el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca. Luego, según reportes de prensa, consiguió otros documentos falsos en Belice, y así viajó y se estableció en Yucatán, México (donde fue capturado la semana pasada).

Este año el Gobierno de Guatemala anunció una cruzada anticorrupción en el Aeropuerto La Aurora, pero fuentes policiales aseguran que (como en el gobierno pasado) el lugar todavía sirve para enviar hacia Panamá cientos de miles de dólares: dinero mal habido (incluyendo fondos robados al Estado). Supuestamente salen maletas cargadas de dólares por conductos oficiales (algo que el Ejecutivo niega), o (según la fiscalía) viajan hasta 30 pasajeros con $9 mil dólares cada uno ($270 mil en total) por vuelo. Pasan tranquilos porque el máximo monto permitido en efectivo es $10 mil. Mientras tanto, alguien se hace de la vista gorda.

Un asesor de la ONU en Guatemala en 2011 decía que donde hay crimen organizado la corrupción es clave. Es el gran semáforo que da luz verde al crimen organizado en la región. Pero a la vez es un detonante relegado a segundo plano mientras se apagan fuegos con capturas y decomisos (seguridad reactiva y no preventiva). ¿Cuánto se podría prevenir si controlar la corrupción fuera prioridad?