Reporte señala criminalización de estudiantes de color en LA

Todos los días, miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) son vigilados por la policía escolar del distrito (LASPD) en la calle, en los autobuses, y fuera y dentro de los planteles escolares. Pero según Manuel Criollo, dicha vigilancia se enfoca de forma desproporcionada en los estudiantes latinos y afroamericanos.

Criollo es director de la campaña de derechos comunitarios de The Labor/Community Strategy Center, organización que el mes pasado publicó el reporte Black, Brown and Over-Policed in Los Angeles Schools.

El mismo señala que “la criminalización” de estudiantes de color a través de multas, supensiones y arrestos sigue siendo un grave problema en el LAUSD, a pesar de que el número de multas por absentismo han disminuido dramáticamente.

Dicho número bajó de más de 3,300 multas por ausencias en el año escolar 2009-10 a poco más de 200 hasta mayo del ciclo 2012-13.

“Reconocemos que se ha logrado avanzar, pero no se ha resuelto el problema y [la mejoría] no ha sido por iniciativa del distrito, sino gracias a la presión de la comunidad”, subrayó Criollo.

El citado reporte señala que en el pasado año escolar hubo estudiantes de tan solo 6 y 7 años que fueron multados por la policía escolar y que más de 2,300 multas en el año escolar 2011-12 fueron aplicadas a menores de 14 años. Pero las multas y arrestos para los estudiantes mayores de 14, sumaron la mayoría, un 53.7%.

Y aunque LASPD anunció este mes que no se darán más multas por disciplina a estudiantes menores de 14 años, Criollo insiste que “ningún estudiante, ni de preparatoria, debería ser criminalizado por problemas que deben ser resueltos en y por la escuela, en la gran mayoría de los casos”.

“No negamos que hay problemas graves como drogas en las escuelas, en las que debe intervenir la policía, pero en gran parte de los casos, debe haber intervención escolar, sin que el estudiante termine en el sistema judicial”, añadió Criollo.

La abogada Zoe Rawson, de la misma campaña de derechos comunitarios, ha representado a algunos estudiantes que han entrado al sistema judicial tras ser multados, “[Son] jóvenes que tienen problemas en casa, y su comportamiento les ha provocado múltiples multas en la escuela y deben cientos o hasta miles de dólares”, explicó la abogada. “Si no pagan las multas no pueden sacar una licencia de conducir”.

Y el que las multas creen un antecedente criminal podría tener consecuencias adversas, advirtió Criollo. “Por ejemplo, los estudiantes que desean solicitar el proceso de [Acción Diferida] DACA tienen que tener su historial limpio”, destacó. “La intervención de la agencias del orden es innecesaria”.

Esta semana, el comité de disciplina de LAUSD respondió a la petición de la organización de Criollo de implementar un carta de derechos sobre disciplina escolar en la que se restrinja la intervención de la policía y en su lugar se asignen recursos para consejería y otro tipo de intervención.El comité indicó que asignará más de $660,000 para tales recursos y otras políticas relacionadas.

Pero “eso no será suficiente”, dijo Criollo. “Asignaron $4 millones de dólares a reforzar la policía escolar. De nuevo, no es proporcional”.

El jefe de la policía escolar Steven Zipperman no comentó directamente al respecto, pero dutante la reunión expresó que la policía “está cada vez más cerca de los estudiantes, de la comunidad escolar y de resguardar su seguridad”.

Pero Silvia Méndez, madre de estudiantes en el sur de Los Ángeles, exigió al comité , “que se nos den respuestas a las suspensiones desproporcionadas, ya queremos que eso se acabe”.