El Presidente de Guatemala está enojado

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, comenzó diciembre con el ceño fruncido. Se enojó porque el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que produce Transparencia Internacional, ubica a Guatemala en 2013 entre el 30 % de los países percibidos como los más corruptos (de un total de 177). Luego, en un golpe de timón, el presidente insistió en que los casi dos años que le restan de mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se dediquen al fortalecimiento institucional y no a investigar casos nuevos. “¡¿Que qué?!” La pregunta viene a la mente porque el mandatario reiteró este anuncio después que la CICIG anunció que investigará corrupción en las aduanas y en las campañas políticas—una intención que viene al país como anillo al dedo.

Pese a que la corrupción en las aduanas es un misterio, la respuesta de Pérez Molina fue enviar un contingente de soldados a vigilar las aduanas portuarias—todo un chiste, como si la corrupción sólo consistiera en el robo de contenedores, los contrabandistas no hicieran las cosas con “escuela”, ni ciertos funcionarios no supieran maquillar el cobro de comisiones de hasta el 20 % por contratos portuarios. Pero el presidente manda soldados a detener eso.

Luego, en Guatemala hay cero fiscalización del financiamiento de las campañas políticas. Además, aunque las próximas comienzan oficialmente hasta 2015, la carrera por mantenerse en o llegar a la presidencia, el Congreso o una alcaldía, ya está en marcha y con derroche.

Así las cosas, es absurdo que al presidente le enoje el lugar de Guatemala en el IPC. Irónicamente, no le enojó que el nuevo presupuesto 2014 (rechazado por falta de consenso legislativo) tuviera grandes recortes para la policía, fiscalías, y juzgados. ¡Al contrario! Peleó con uñas y dientes por su aprobación. ¿Es eso promover el fortalecimiento institucional?

Claro, el dinero no lo es todo. Pero permite contratar personal profesional suficiente, pagarle un salario digno, y proteger sus vidas cuando corren peligro. Desde que la CICIG comenzó su trabajo, se inició la capacitación de policías, fiscales y jueces. Pero para 2010, la comisión aseguraba que “sólo estaba arreglada una esquinita del problema”, que hacía falta reproducir ese modelo en el resto del sistema. Y algo se logró si la impunidad se redujo del 98 al 70 por ciento desde ese año a 2013. Sin embargo, mantener esa tendencia requiere voluntad política, que parece ausente en el gobierno actual.

Y ¿por qué esto le debe importar a otros países? Por dos razones: (1) el crimen organizado en Guatemala tiene repercusiones regionales, y (2) porque hay dinero de países donantes—incluyendo Estados Unidos y México—que sale de los impuestos de sus contribuyentes, y que financia a la CICIG. Y aunque hay algunos resultados positivos, como la resolución de casos claves, la meta está lejos aún: que Guatemala combata la impunidad con el mismo ahínco que la CICIG.

El problema es que el gobierno cree que puede manejar a la CICIG como una varita mágica a su antojo (“para esto sí, para esto no…”), aunque esta comisión no tiene que hacer lo que el gobierno guatemalteco le diga. De hecho, ya aseguró que investigará casos hasta el último día de su mandato, en agosto de 2015. Y aunque continuará contribuyendo al fortalecimiento institucional, esta es una responsabilidad primordial del estado que, otra vez, no se logra enviando un puñado de soldados a vigilar la entrada y salida de contenedores de un puerto.

El gobierno podría encontrarse nadando en agua caliente si la CICIG descubre que sobreviven estructuras corruptas en aduanas y en la política porque (aunque tengan raíces en gobiernos anteriores) eso significa que todavía tienen terreno fértil para prosperar. Y entonces, Pérez Molina sí tendrá razón para enojarse.