La mentira de la ciudadanía
El tema de la ciudadanía para los beneficiarios de una hipotética reforma de migración es una controversia basada en mentiras e interpretaciones erroneas para obstaculizar la ley.
La falsedad surge de la idea que el proyecto aprobado por el Senado significa otorgar “privilegios inmediatos de voto” a 11 millones de personas tal como lo dijo este domingo pasado el senador Rand Paul (R-KY) en el programa This Week de la cadena ABC. El legislador dijo este embuste con el fin de pedir a los demócratas que acerquen su postura a la línea dura que mantiene la Cámara de Representantes.
En realidad, la medida bipartidista del Senado establece un recorrido de 13 años hasta que el beneficiario esté en condiciones de solicitar la ciudadanía. Un camino que no puede ser inmediato y durante el cual es muy probable que muchos que lo inicien se queden en el camino.
El argumento de que esta es una treta demócrata para crear votantes es inaceptable. El ambiente político será muy distinto al de hoy, así que no se puede hacer esta afirmación responsablemente. Después de todo no debería preocuparles, porque se dice que a los latinos no les interesa la ciudadanía.
Este es otro argumento que apunta a aceptar una legalización sin ciudadanía. En este caso se interpreta un sondeo de Pew Hispanic para llegar a la conclusión falsa de que a los latinos no les interesa la ciudadanía, porque les preocupa más ser deportados ahora que llegar a tener algún día la ciudadanía a través de una ley que hoy no existe. Es natural que la mayor preocupación sea la amenaza ahora sí inmediata de separación familiar.
Estos argumentos contra la ciudadanía deben ser rechazados. La sola idea de crear una categoría de gente limitándole arbitrariamente su integración y futura participación política es repugnante a la historia y los ideales que representa nuestro país.
La ciudadanía no es un regalo, sino que se gana. El precio a pagar en el proyecto del Senado son 13 años de arduas condiciones para llegar a la posibilidad de pedirla, sin garantía de obtenerla. La ciudadanía tampoco debería ser un instrumento de negociación.
Las falacias e interpretaciones mal intencionadas se multiplican y se contradicen en el afán de deslindar la responsabilidad, de que si no avanza la reforma se debe hoy exclusivamente al extremismo de la Cámara Baja.
