Una arrogancia capital
Nadie disputa que Edgar Tamayo Arias mató en 1994 a un policía en Texas, lo que está en discusión es que durante su detención no se respetaron convenios internacionales para garantizar un proceso justo. Un error grave tomando en cuenta que Tamayo puede recibir la pena capital en unos días.
Basta pensar qué ocurriría si un nativo de Texas es detenido por un crimen cometido en un país extranjero, en el que no se habla su idioma, tiene una defensora deficiente y es condenado a muerte. Todo esto sin respetarse la Convención de Viena que exige que un detenido extranjero tenga acceso a un funcionario consular de su país para asegurar que sus derechos y protecciones sean garantizados. Nos imaginamos el escándalo diplomático que esto causaría.
Sin embargo, eso es básicamente lo que ocurrió con Tamayo. En ningún momento se notificó al Consulado de México. Este tipo de situación no es la primera vez que ocurre. En el 2004 el Tribunal Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos a que se volvieran a ver las convicciones de 50 detenidos mexicanos, entre ellos la de Tamayo, porque se les violaron sus derechos internacionales. Esta justificada revisión del caso es lo que está solicitando ahora la defensa, lo que significa suspender la ejecución planeada para el 22 de enero.
Insólitamente en el 2008 la Suprema Corte de Justicia dijo que el Presidente no tiene derecho a exigir que un estado acate las órdenes de la Corte Internacional. En resumen, los estados integrantes de Estados Unidos no tienen que respetar los tratados internacionales básicos, como las declara el artículo 36 de las Relaciones Consulares de la Convención de Viena.
Esta es una aberración jurídica que expone a que los ciudadanos estadounidenses sean procesados sin tener acceso a su consulado. Sería la regla de las retribuciones. Si uno no la respeta, porque hay que respetársela.
El parroquialismo de Texas de creer que está por sobre el resto del mundo y el sistema jurídico de Estados Unidos que permite esta actitud le resta credibilidad a los argumentos de Washington cuando exige a otras naciones respetar leyes y fallos internacionales.
