Vigilantes que son vigilados
Programa piloto de la Policía de San Diego es bien recibido
SAN DIEGO (EFE). El Departamento de Policía de San Diego se encuentra en una fase de prueba con miras a implementar cámaras en los uniformes de sus oficiales, tras una serie de quejas por mal comportamiento y abuso de autoridad contra algunos agentes de la corporación.
La medida ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ya se han apresurado a calificarla como “un buen paso” hacia la transparencia y la erradicación de conductas abusivas por parte de la policía.
Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, la calificó de “una iniciativa importante”, ya que otras dependencias que han utilizado esta tecnología han minimizado las quejas, y sugirió que incluso la Patrulla Fronteriza debería considerar su implementación.
Explicó que la organización que lidera ha recibido denuncias ligadas a la colaboración de la policía local y las autoridades de inmigración en casos de abuso de autoridad, además de algunas detenciones basadas únicamente en un perfil racial, aunque, dijo, éstas últimas “son difíciles de comprobar”.
“El oficial estará consciente que sus acciones serán grabadas, además que puede presentarse como evidencia en casos de maltrato”, señaló.
Aunado a la implementación de las cámaras, la dependencia policial anunció la realización de una auditoría externa para “desentrañar el problema desde la raíz, la cual estará a cargo del Departamento de Justicia y cuyos detalles se darán a conocer el lunes en rueda de prensa.
La medida fue propuesta durante los últimos días de gestión del antiguo jefe de la corporación policial, William Lansdowne, quien presentó el proyecto ante los miembros del Cabildo y días más tarde anunció su retiro.
Shelley Zimmerman, quien tomó las riendas del cargo a principios de marzo, asumió la iniciativa como una de sus prioridades. En una reunión ante el comité de seguridad pública del Cabildo, consideró que estas cámaras pueden ayudar a prevenir problemas dentro de la corporación, y también podrá proteger a sus oficiales de acusaciones “falsas o exageradas”.
Dentro de la iniciativa piloto, se están realizando pruebas con diez oficiales que realizan sus labores tanto en patrulla como bicicleta, y en tres diferentes turnos para considerar la iluminación y todos los posibles escenarios.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de un millón de dólares, aún baraja si las cámaras se colocarán en el pecho del uniforme, o si se utilizarán una más pequeña a la altura del hombro.
Una vez concluido la fase de prueba, la corporación deberá definir las políticas y protocolos que implicarán esta tecnología, y que abarcan los formatos de video que se usarán, las sanciones que se impondrán si un oficial apaga su cámara y si las imágenes serán consideradas información pública.
“Las políticas serán la clave de este proyecto. Estamos viendo otros departamentos para asegurarnos de tener un reglamento sólido”, señaló Zimmerman en una audiencia pública.
Jeffrey Wergeles, subdirector de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, calificó la medida como positiva “si viene acompañada de una política fuerte que asegure que la comunidad estará protegida”.
En los últimos años, el Departamento de Policía de San Diego ha sido el blanco de críticas, tras varias acusaciones públicas en contra de algunos de sus oficiales.
El más reciente y mediático caso lo constituyó el del agente Christopher Hays, quien tuvo que renunciar por haber sido arrestado bajo cargos de acoso sexual a por lo menos cuatro mujeres.
