Critican término de “rescate” de indocumentados en México
La autoridades migratorias han modificado el término para referirse a detenciones de indocumentados y pasó de “aseguramientos” a “devoluciones” hasta usar “rescates”
México.- El Instituto Nacional de Migración modificó tres veces en siete años el lenguaje para referirse a las detenciones de indocumentados en el país y pasó de llamarlas “aseguramientos” en 2007 a “devoluciones” en los siguientes años hasta la administración de Enrique Peña Nieto que comenzó a usar el término “rescates”.
Esta última denominación es blanco reciente de “inconformidades” de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos que lo consideran “eufemista” e impreciso.
Sonja Wolf, investigadora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) -uno de los más serios en el tema- advierte que los “rescates” no van acompañados de “avances reales en las investigaciones de casos de victimización de migrantes, sea a manos de grupos criminales o a manos de agentes del Estado”.
La especialista cuestiona, por ejemplo, que no se sabe si los 370 menores “rescatados” el pasado 29 de marzo “¿fueron necesariamente víctimas de secuestro o se encontraban esperando el cumplimiento de un arreglo, es decir, el traslado a Estados Unidos luego de haber realizado los pagos que este servicio requiere?”.
Por otra parte, si los “rescates” de migrantes son lo que el INM afirma (sólo en el mes de marzo reportó 3477), el número de visas humanitarias hubiera aumentado de manera exponencial, pero un diagnóstico realizado por Insyde, halló que entre 2011 y mayo de 2013 se presentaron sólo 93 solicitudes de visa humanitaria, y de éstas solamente 49 fueron exitosas.
En cambio, número de inmigrantes deportados desde México en los últimos años dos se ha mantenido en un promedio de 80,000 al año. En 2012, fueron deportados 79,643 migrantes; en 2013 se registraron 80,079 deportaciones.
La visa humanitaria, según establece el Artículo 52 de la Ley de Migración, se otorga a migrantes víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional y tiene una vigencia de 180 días, permitiéndoles –en teoría– dar seguimiento a sus denuncias. En la práctica, la renovación de la visa resulta ser sumamente difícil y los pocos casos denunciados .
