Obama entre dos partidos

ANÁLISIS

La solicitud de más de $2,000 millones en fondos de emergencia que la Casa Blanca pedirá al Congreso, tan pronto este regrese de su receso la próxima semana, podría encontrarse con resistencia tanto de demócratas como de republicanos, anticipan expertos de presupuesto y política en Washington.

Los observadores del Congreso explicaron que la asignación de fondos de emergencia casi siempre son controversiales, sobre todo cuando está tan cerca el fin del año fiscal. El Gobierno de Barack Obama aún no da detalles sobre la cifra exacta de la solicitud o en qué pretende gastar el dinero.

La última vez que el Congreso aprobó fondos de emergencia o suplementarios fue a principios de 2013, cuando se añadieron más de $60 mil millones para atender las necesidades tras el desastre causado por el Huracán Sandy.

Marshall Fitz, del Centro para el Progreso Americano (CAP), indicó que entre los republicanos de la Cámara de Representantes “no hay apetito alguno para aprobar fondos de emergencia”.

Especialmente ahora que temen al Tea Party en las elecciones, los republicanos exigirán que los fondos que se aprueben estén “pagados” por recortes en otras áreas, explicó Fitz. “Y allí es cuando los demócratas se resistirán, porque va a ser muy difícil que acepten sacar dinero de otras prioridades del partido para pagar por esto”.

Por otra parte, los demócratas podrían no estar de acuerdo en dar mayor autoridad al Presidente para que sean los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quienes tomen decisiones respecto a los casos de menores y familias centroamericanas que están llegando a la frontera sur, dijeron los observadores.

Por ejemplo, el congresista demócrata Joe García, quien patrocina el proyecto HR 15 de reforma migratoria en la Cámara dijo ayer martes que “es absolutamente crítico que no sacrifiquemos el proceso debido para proteger a estos niños”.

“Me preocupa mucho esta solicitud que piensa hacer, aunque aún esperamos los detalles”, agregó

En su misiva al Congreso, enviada el lunes, el Presidente Obama dijo que su gobierno dará “pasos determinados” para aumentar recursos en la zona fronteriza del Suroeste como estrategia para disuadir a los migrantes y que buscará “aumentar la capacidad para deportar y aplicar la ley y el rápido regreso de los migrantes indocumentados a sus países de origen”.

Obama también propone establecer nuevos centros de detención, como el que se está abriendo en Artesia, Nuevo México, para detener a familias con hijos y para expandir la red de albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que opera dentro del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).

Esto no es visto con buenos ojos por los grupos de defensa de derechos humanos. “Nos perturba sobre manera que el Gobierno haya decidido abrir un centro de detención con 700 camas en Nuevo México cuando sabemos lo dañino que es para las familias y, especialmente los niños vulnerables, el estar detenidos de esta manera”, indicó la organización pro mujeres We Belong Together.

Por un lado, dicen los observadores, los republicanos podrían aprovechar el momento para agregar fondos al reforzamiento fronterizo, pero un sector importante del partido podría objetar con el argumento de que el dinero se usará para “dar asilo a los menores”.

La semana pasada, durante audiencias ante el Comité Judicial de la Cámara, el congresista republicano de Utah, Jason Chaffets, criticó a Obama por “explotar el tema del asilo” y acusó al gobierno de querer más jueces y abogados de Inmigración para “acelerar el otorgamiento de asilo a estos inmigrantes”.