Adultos en miniatura
Un niño de 10 años de edad no es un adulto en miniatura. Sin embargo, para efectos prácticos en un tribunal de inmigración hay una expectativa que este menor esté preparado para lidiar legalmente con asuntos que la mayoría de los adultos no pueden hacer por sí mismo.
En la actualidad los indocumentados adultos que están ante un tribunal de inmigración no tienen ningún derecho a un asesoramiento legal ni a un defensor. Los menores de edad de países que no son limítrofes con Estados Unidos enfrentan el mismo proceso.
La imagen de un niño solo ante un juez, con un abogado especialista en inmigración que a nombre del Gobierno hará todo lo posible para deportarlo, es desagradable. No es digna de una sociedad que se precia de los derechos individuales.
No obstante, para legisladores como el senador John Cornyn (R-Tex) y el congresista Henry Cuellar (D-Tex) este sistema es demasiado permisivo. No permite la deportación masiva de niños centroamericanos que a ellos les gustaría ver. Según ellos, hay que acelerar el paso de estos niños en un sórdido proceso legal.
Como suele ocurrir una y otra vez, los derechos constitucionales desaparecen cuando se habla de inmigración. Las protecciones que tiene un presunto delincuente juvenil no existen para estos jóvenes que escapan la violencia de sus países o vienen a reunirse con sus padres.
Es como si fuera un vale-todo legal contra el detenido, incluso cuando en este caso son niños con una edad para jugar y estar en la escuela. De todas maneras, deben enfrentar solos un proceso legal en donde son obligados a admitir o rechazar acusaciones en su contra.
Ellos necesitan tener un abogado defensor, alguien que cuide el interés del niño y responda adecuadamente ante el Gobierno.
Existe un serio problema por la falta de jueces de inmigración y de atrasos en miles de casos pendientes. La preocupación debe ser reforzar el sistema para que sea justo y no para que se aceleren las deportaciones.
Estados Unidos es una nación de leyes, para que estas se hagan respetar debe también haber un sistema procesal justo. O sea que no ponga a un niño de 10 años, que ni siquiera habla el idioma, solo en un juzgado a enfrentar a los argumentos legales de los adultos que lo quieren deportar. Hacerlo es una vergüenza.
