Impunidad reina en El Salvador

San Salvador

Tras la liberación de su abuelo, principal imputado, el asesinato en 1999 de la niña Katya Miranda ha resurgido como símbolo de la impunidad de los crímenes en El Salvador.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo en un reciente informe que El Salvador está “a la cabeza de los países con mayores tasas de homicidios contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 19 años en el mundo, con 27 muertes por 100.000 habitantes”, seguido de Guatemala (22) y Venezuela (20).

“Los datos sobre violencia infantil son alarmantes; no nos podemos arriesgar a que nuestras niñas y niños sigan siendo uno de los ejes de ataque principal de la violencia, tenemos que actuar”, reconoció el sábado el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén.

El representante del Unicef en El Salvador, Gordon Jonathan Lewis, dedicó a Katya Miranda la presentación el miércoles pasado de un informe sobre la situación de la niñez salvadoreña.

“El caso de ella es una situación emblemática de la dificultad que tiene el sistema de justicia de procesar rápida y adecuadamente casos de violencia extrema contra la niñez en el país”, dijo Lewis.

El caso de Katya volvió a la actualidad con la liberación de su abuelo, Carlos Miranda, presunto autor intelectual de su secuestro, violación y asesinato, más otros ocho imputados en el crimen, cuando ella tenía 9 años de edad.

La Corte Suprema de Justicia ordenó el 25 de septiembre la liberación de Carlos Miranda argumentando que fue juzgado dos veces, ya que en 2000 había sido exonerado por el homicidio y la violación de su nieta y en 2011 fue juzgado nuevamente. Carlos Miranda había sido condenado a 13 años de prisión como presunto autor intelectual del secuestro de su nieta.

El fallo de la Sala revivió la conmoción que provocó el crimen de la niña, perpetrado el 4 de abril de 1999 en una casa de su abuelo en una playa de la Costa del Sol, departamento de La Paz (centro), donde pasaba las vacaciones de Semana Santa con sus familiares paternos, algunos de ellos militares y policías de alto rango.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Katya Miranda fue sacada de la tienda de campaña donde dormía junto a una hermana, y luego violada y asfixiada en la arena de la playa.

Su padre, Edwin Miranda, quien al momento del asesinato era miembro de la escolta del entonces presidente salvadoreño, Francisco Flores (1999-2004), fue procesado por cargos de abandono y desamparo, pero después el caso fue sobreseído.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, comentó a periodistas que el crimen no tuvo una adecuada investigación policial, fiscal ni forense, y que la impunidad del caso comenzó desde el lugar de los hechos.

Morales señaló como ejemplo que un alto mando policial que estaba en la casa de playa y era pariente de la niña dificultó las primeras pesquisas en el sitio donde se encontró el cadáver de Katya.

En aquel entonces también se barajaron diversas hipótesis sobre las motivaciones del asesinato.

La principal hipótesis era que el abuelo de Katya planeó el crimen y contrató a los ejecutores para que se inculpara a un hombre con el que mantenía una disputa por una propiedad, según dijo en 2009 el entonces fiscal general de El Salvador, Félix Safie.

La madre de la niña, Hilda Jiménez; organizaciones feministas y de derechos humanos llevaron a cabo una amplia movilización social ante la evidente impunidad en que caía el crimen.

“El caso de Katya Miranda es un caso que en su momento sirvió de símbolo a casos de impunidad, de debilidades de las instituciones”, subrayó el actual fiscal general salvadoreño, Luis Martínez.

Tras el fallo de la Sala, “tendrán los familiares, los ofendidos, el camino hacia la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos” para pedir justicia, consideró.

Jiménez, quien ahora vive en Los Ángeles (EEUU), dijo a EFE el 25 de septiembre que la liberación de los imputados “demuestra el nivel de impunidad que hay en El Salvador.”

“No sé cómo (el abuelo de la niña) saldrá a la calle y puede mirar a la gente después de lo que hizo”, apuntó.

De más de 246.000 casos enviados por la Fiscalía a los tribunales de justicia en 2009-2013, solamente el 15 % concluyó con sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria, según un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana.

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