Panel civil revisará uso de fuerza en cárceles de Los Ángeles
El sheriff también aceptó cambiar políticas sobre trato de reos
Un panel acordado por los tribunales revisará de hoy en adelante los casos de uso de fuerza por parte de agentes del Sheriff en las cárceles del condado de Los Ángeles.
El acuerdo aprobado por la Junta de Supervisores y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estipula que un agente solo puede golpear a un recluso en la cabeza si éste significa un peligro serio. También pide al Sheriff revisar su código de uso de fuerza, proveer más entrenamiento a sus agentes e instituir un sistema para investigar dichos incidentes.
A sea change is upon us! @ACLU_SoCal @ACLU work to end deputy-on-inmate violence in LA County Jails. https://t.co/Mv8DG8Sdsm
— ACLU National (@ACLU) December 16, 2014
El plan acordado está sujeto a la intervención de un juez federal, en caso que el Sheriff no cumpla con lo estipulado. También pone fin a una demanda federal que alegaba que el exSheriff Lee Baca y sus comandantes permitieron un patrón de violencia contra los reos en las cárceles del condado.
“Por décadas, el Departamento del Sheriff ha operado una cárcel sin ninguna responsabilidad o transparencia”, dijo Peter Eliasberg, director legal de ACLU del Sur de California. “Este acuerdo lidea con estos problemas al establecer políticas y prácticas claras que el Departamento debe implementar y crear un mecanismo para asegurar que se cumpla. En términos simples, el Departamento del Sheriff seguir la ley o se arriesga a la intervención de la corte”.
En gran parte, el plan estipula la implementación de políticas fuertes para prevenir el abuso a los reclusos con enfermedades mentales, mejora el entrenamiento de uso de fuerza a los agentes y mejora los métodos para revisar los incidentes de uso de fuerza en las cárceles.
El acuerdo llega casi tres años después que el ACLU del Sur de California demandó al condado en representación de Alex Rosas y Jonathan Goodwin, dos detenidos que fueron golpeados por agentes del Sheriff. La demanda federal alegaba violacioines a los derechos civiles de Rosas y Goodwin.
