Una luz para quienes firmaron su ‘deportación voluntaria’

Algunos podrían solicitar su residencia legal si regresan a EEUU

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló el pasado jueves que los mexicanos en California que firmaron su “deportación voluntaria” podrían regresar al país y aplicar para una residencia legal.

Pese a que el anuncio en materia de inmigración hecho por Obama no proporciona ninguna posibilidad a los deportados de regresar a Estados Unidos, algunos que fueron hostigados para firmar partida voluntaria, podrían hacerlo y una vez en el país, verificar si pueden beneficiarse por dicha acción ejecutiva.

La afirmación se basa en una resolución que dio a conocer este año el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), mediante el cual se obliga a las autoridades federales a informar a los inmigrantes las consecuencias que conlleva la firma de una “deportación voluntaria”.

Este recurso, resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), beneficia únicamente a quienes fueron procesados por agentes federales en el sur de California entre el 1 de junio de 2009 y el 18 de agosto de este año que al momento de firmar su deportación voluntaria hubieran podido calificar para un tipo de alivio migratorio.

“Si alguien proviene de nuestra clase [demanda colectiva] y regresa a los Estados Unidos, es posible que califique [para la acción ejecutiva]”, recordó el abogado de ACLU en San Diego, Bardis Vakili en conferencia telefónica.

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En junio del año pasado, la ACLU interpuso una demanda al considerar que agentes de ICE hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.

Dicha demanda colectiva, que se encuentra en proceso de resolución, podría permitir que quienes califican y firmaron estos documentos regresen al país para tener la oportunidad de buscar un estatus legal.

Hasta ahora, el tribunal ha aprobado el acuerdo de forma preliminar y a principios del próximo año se celebrará una audiencia para decidir si se concede o no la aprobación final.

“Estamos esperando y ojalá todo finalice tal vez para el 9 de febrero”, manifestó la directora de ACLU en los Condados de San Diego e Imperial, Norma Chávez Peterson.