Gobierno apelará decisión de juez de frenar alivios migratorios
Nuevos beneficiarios de DACA no podrán enviar su solicitud el miércoles
Washington, DC – El Departamento de Justicia apelará la decisión de un juez federal en Texas de frenar los alivios migratorios para los inmigrantes indocumentados, un dictamen que asestó un revés para la Administración Obama y grupos pro-inmigrantes.
El juez federal Andrew Hanen se puso de lado de Texas y otros 25 estados que demandaron al gobierno por los alivios migratorios, al emitir el lunes un dictamen que frena temporalmente su puesta en marcha.
Hanen repitió su queja de que la Administración Obama no ha hecho lo suficiente por resguardar la seguridad fronteriza y eso no solo ha agravado el problema de la inmigración ilegal en EEUU sino que ha supuesto una carga económica para los estados.
El fallo de Hanen en Brownsville (Texas) da más tiempo a los estados demandantes para continuar con su demanda para frenar la expansión del programa de “acción diferida” (DACA) para “Dreamers”, que debía entrar en vigor mañana miércoles.
Otro programa similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales en EEUU, conocido por su sigla en inglés “DAPA”, debía comenzar el próximo 19 de mayo.
Ambas medidas darían cobijo a poco más de cuatro millones de indocumentados, protegiéndolos de la deportación y dándoles acceso a permisos de trabajo.
El dictamen, sin embargo, no afecta en absoluto el “DACA” puesto en marcha en agosto de 2012 y que protege de la deportación a más de 600,000 “Dreamers”.
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El Departamento de Justicia solicitará ante el tribunal del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Lousiana) una orden de emergencia para dejar sin efecto la decisión de Hanen.
Si ese tribunal concede esa orden en las próximas semanas, la Administración Obama podrá entonces reanudar los alivios migratorios.
La Casa Blanca rechazó la decisión de Hanen por considerar que ésta de manera equivocada impide la puesta en marcha de políticas “legales y de sentido común” del presidente Barack Obama.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló en un comunicado que tanto el Tribunal Supremo como el Congreso han dejado en claro que el gobierno federal puede establecer prioridades en el cumplimiento de las leyes migratorias del país.
Las acciones ejecutivas de Obama están dentro del marco legal, beneficiarán a la economía y contribuirán a la seguridad comunitaria, argumentó Earnest.
Hanen, un juez federal designado por el entonces presidente republicano George W. Bush, ha sido un férreo crítico de la política migratoria de Obama, por lo que su dictamen del lunes no causó sorpresas.
Sin embargo, la decisión despertó la ira de legisladores y grupos pro-inmigrantes, entre éstos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), que dejaron en claro hoy que Hanen no tendrá la última palabra.
Una vasta coalición de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas han programado más de 75 eventos en todo el país para defender los programas de DACA y DAP y denunciar los “ataques” contra la comunidad inmigrante.
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El legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que este revés temporal en las cortes no frenará los esfuerzos de legisladores y grupos pro-inmigrantes de defender a las familias, y asegurar que los niños nacidos en EEUU crezcan con sus padres.
“Le pido a las comunidades inmigrantes que sigan preparándose para inscribir a sus familias” en los alivios migratorios, dijo Gutiérrez, quien tachó de “absurda” la idea republicana de deportar y criminalizar a la población indocumentada.
Los únicos que han aplaudido la decisión de Hanen han sido los legisladores republicanos y grupos conservadores opuestos a las medidas unilaterales de Obama, que siempre tacharon como un abuso de poder.
Obama, “un antiguo profesor de leyes constitucionales, dijo 25 veces que no tenía la autoridad legal para actuar de forma unilateral en inmigración. Estaba en lo correcto y la corte le dio la razón”, ironizó Ruth Guerra, portavoz del Comité Nacional Republicano (RNC).
Para el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, la decisión de Hanen subraya la urgencia de que el Congreso elimine los fondos para los alivios migratorios, incluidos en el proyecto de ley para financiar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el resto del año fiscal 2015.
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Por su parte, el gobierno de México, a través de su embajada en Washington, afirmó que junto con su red de 50 consulados en EEUU seguirá de cerca las siguientes etapas judiciales, y aconsejó a la comunidad mexicana a “mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial”.
La cancillería mexicana seguirá facilitando la obtención de documentos y tanto la embajada como la red consular ofrecerán información oportuna a los mexicanos, dijo.