Los Ángeles pide $20 millones para apoyar a inmigrantes
La cantidad ayudaría a prepararlos para la ciudadanía y los beneficios de DACA y DAPA
Activistas de Los Ángeles se congregaron frente al Ayuntamiento de Los Ángeles para pedir apoyo monetario para la comunidad inmigrante de California. Crédito: Ciro Cesar/La Opinión | Ciro Cesar
Una coalición de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes se reunió ayer frente al ayuntamiento de Los Ángeles a exigir al gobernador Jerry Brown que incluya una partida de 20 millones de dólares en el presupuesto estatal para ayudar a los inmigrantes indocumentados de California.
La propuesta, denominada California UNO, proporcionaría ayuda para programas de ciudadanía y apoyo para los migrantes elegibles para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y de Residentes Permanentes Legales (DAPA). La concentración formó parte de la celebración del Mes de la Herencia Inmigrante.
Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), señaló que, aunque DAPA y la extensión de DACA aún no han entrado en vigencia, los 20 millones de dólares podrían servir para ayudar a los jóvenes que se han amparado bajo DACA y a preparar a quienes califican para los otros alivios migratorios.
“Aunque el programa original de DACA sigue vigente, tenemos que preparar a nuestra gente para que tengan listos sus documentos”, dijo Arévalo a La Opinión. “La mayoría de las personas todavía no podrán beneficiarse con esa aplicación [DAPA y DACA], pero sabemos que eventualmente lo van a poder hacer y queremos estar listos para eso”.
Ambos programas están suspendidos mientras una Corte Federal de Apelaciones decide sobre una demanda presentada por 26 estados contra los alivios migratorios anunciados por el presidente Obama el año pasado.
El Senado ya aprobó el presupuesto estatal. La Asamblea espera que Brown incluya estos $20 millones en la discusión del presupuesto estatal.
Arévalo resaltó que el dinero también ayudaría a evitar los fraudes migratorios en cualquier nivel, ya que actualmente hay un abogado calificado disponible por cada 5,000 personas que califican para DAPA o la extensión de DACA.
“Eso crea una gran oportunidad para fraudes porque cuando no podemos servir a tanta gente, se van a un notario que los pueden estafar. Con una inversión así ofrece un beneficio, no directamente pero sí indirectamente”, dijo Arévalo, refiriéndose a la capacidad que tendrían las organizaciones para contratar más abogados calificados.
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